El pleno reclama al Gobierno autónomo un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social

La moción, aprobada este jueves en el pleno, recoge que “con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas”.

En el acuerdo presentado y aprobado por el grupo de Gobierno local, se afirma que “si los últimos años han sido críticos, este que comenzamos no deja motivos sino para la preocupación, con unos indicadores socio-económicos muy negativos”.

Según recoge el documento, los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que “mientras en Canarias en 2008, al principio de la crisis, la tasa de riesgo de pobreza era del 24,8%, 5,2 puntos por encima de la media estatal, en 2011 ha aumentado al 33,8%, 12 puntos por encima de la media. No sólo se incrementa el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Canarias, sino que se amplía la brecha con la media del Estado”, y destaca que “en Canarias una de cada tres personas vive bajo el umbral de la pobreza”.

La Corporación municipal ha acordado, ante estos antecedentes, pedir que se incremente “la financiación de las políticas sociales competencia de la Comunidad Autónoma dirigidas a la población más frágil, aumentando las Ayudas de Emergencia Social a los municipios y ONGs, y dotar con suficiente financiación el Plan Concertado de Prestaciones Básicas que apoye la Red Municipal de Servicios Sociales”.

Disponer de un fondo específico para atender el aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social, promover acciones específicas contra la pobreza infantil, crear una partida para garantizar becas de comedor escolar a todos los niños y niñas de familias sin recursos suficientes, favorecer en los planes canarios de empleo la contratación de personas desempleadas en hogares con todos sus miembros en paro y fomentar la vivienda en alquiler social son otros puntos que se incluyen en esta moción, que solicita “dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias, a la FECAM, al Parlamento de Canarias, a los cabildos de las Islas y a los colegios profesionales de Trabajo Social de la Comunidad”.