La imperiosa reforma educativa

Mucho tiempo, probablemente demasiado, se lleva discutiendo sobre la inaplazable reforma educativa en España y en Canarias.  Para unos se trata casi solamente de inyectar más dinero para más y mejor pagados docentes y auxiliares.  Para otros es una cuestión de mucho más calado y alcance, se refieren al propio modelo, que no produce los resultados deseables por muy buenas que parezcan a primera vista las bases sobre las que se ha diseñado.    

Los primeros parecen pensar más en los docentes y adscritos a la Consejería de Educación, personal auxiliar y de servicios y los llamados “desertores de la tiza”, profesores que de una forma u otra han dejado de estar en las aulas para dedicarse a tareas administrativas, políticas u otras más pintorescas e insólitas bajo la coartada de la cultura, la que ellos quieren que sea.  Los segundos ven que algo falla en el modelo cuando, curso tras curso, el informe PISA muestra el bajísimo nivel de conocimientos de nuestros escolares, especialmente en Canarias.  En consecuencia deducen de estos datos la necesidad de cambiar el sistema, dejando a un lado prejuicios ideológicos que se han demostrado inadecuados. La realidad evidencia el fracaso escolar, tanto medido en tasa de abandono temprano y desencanto del estudiantado, como en que al menos un 25% de los jóvenes no alcanzan el nivel de conocimientos necesario para su empleabilidad laboral, al margen de que aprueben, o los aprueben, en sus colegios.

Se habla mucho del asunto, incluso los políticos del área discuten la validez de ese informe de la OCDE en una falsa búsqueda de excusas que les permitan arrojar las culpas sobre otros, pero nadie responsable hace nada en favor del alumnado, las auténticas víctimas del sistema, ni para tratar que la educación sirva para el progreso social basado en la capacidad, mérito y esfuerzo del estudiante, no en el amiguismo, “colegueo” o la militancia en las juventudes de algún partido político con capacidad de situarlos en algún cargo público más pronto que tarde, no sea que la cosa cambie y no los hayan aún enchufado, aunque no tengan el mínimo nivel de conocimientos exigible a quien cobra del dinero de todos los contribuyentes.

Por mucho que se empeñen algunos, a mi entender, la cuestión no es que la gestión de la enseñanza sea pública o privada, eso sólo afecta a la titularidad del centro y a quien paga las nóminas.  El fondo del asunto está en diseñar un sistema que permita una auténtica igualdad de oportunidades para todos los educandos, que nadie se quede sin estudiar por carecer de recursos económicos y que los planes e itinerarios docentes permitan que cada alumno desarrolle al máximo sus capacidades individuales, en función del propio esfuerzo para conseguir unas u otras metas en libertad.  Nunca será suficiente el señalar que la igualdad de oportunidades es responsabilidad irrenunciable del sistema educativo, pero que no debiera confundirse con la obtención de igualdad de resultados, cosa que depende de las capacidades y esfuerzos personales de los alumnos.

La calidad y los resultados del sistema educativo implantado en Canarias debiera disponer de un mecanismo de control externo, independiente de los propios centros educativos, que permita evaluar si los conocimientos obtenidos por los alumnos son homologables con los del resto de España, quien hoy por hoy expide los títulos, y con los de Europa mañana.  Un cajero no puede ser el que audite sus cuentas, es de sentido común.  Pero no opinan lo mismo los políticos, sobre todo los nacionalistas, que ponen el grito en el cielo si se pone en tela de juicio la objetividad de las autoevaluaciones, que la propia realidad se encarga de desmentir.