Las personas y los comportamientos honrados, en el ámbito de la política y en el resto de actividades y profesiones, son menos espectaculares pero mucho más numerosos y generalizados, asegura
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Las personas y los comportamientos honrados, en el ámbito de la política y en el resto de actividades y profesiones, son menos espectaculares pero mucho más numerosos y generalizados y "es de justicia reivindicar esta afirmación que desgraciadamente los escándalos de algunos tienden a ocultar", dice Rivero en su blog.
El descontento se ha extendido y se ha generalizado la opinión, tan injusta como humana, de pensar que "todos los políticos son iguales", añade el presidente canario, y aunque el enfado es comprensible y la actitud crítica de los ciudadanos hacia los responsables públicos es recomendable, no debe ocultar la realidad mayoritaria.
Rivero destaca que no quiere restar un ápice de importancia a la grave situación creada en nuestro país por la suma de tensiones económicas, políticas, territoriales y sociales actuales.
"Esta crisis, que comenzó financiera y ha derivado en social, institucional y de valores, amenaza con carcomer los pilares del edificio que con tanto esfuerzo se puso en pie hace casi cuatro décadas", dice.
En su opinión, "no es posible cruzarse de brazos ante la sombra de desintegración que sobrevuela nuestro tejido social. Y precisamente porque es mucha la desolación y el enfado de los ciudadanos y porque somos muchos los que entendemos la actividad política desde la honestidad y el interés general, creo que es imprescindible restaurar los valores que hicieron de España el Estado Social, Democrático y de Derecho que consagró la Constitución de 1978".
Considera que esta crisis debe ser el punto de inflexión a partir del cual perfeccionar un modelo de convivencia que no solo establezca nuevos mecanismos de control y transparencia de los poderes públicos y sus representantes, sino que también refuerce los instrumentos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de todos los territorios de España y adapte el modelo de Estado a la realidad política y territorial del siglo XXI.
A juicio de Rivero, ha llegado el momento "de protagonizar una segunda Transición", pues "la solución no está, y no puede estar, en el fin de las instituciones y de la clase política; la opción no puede ser la ley de la selva. El camino está en hacer algo y en hacerlo mejor, regenerando nuestro armazón democrático y reforzando los pilares de nuestra arquitectura".
El presidente canario cree necesario avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria, hacia un modelo más equilibrado, más participativo, un modelo en cuyo diseño intervengan y se sientan cómodas las generaciones que no tuvieron edad ni oportunidad de protagonizar la primera Transición.
Asimismo, recuerda que los españoles fuimos capaces de terminar con la larga tradición de intolerancia y enfrentamiento que nos acompañó durante siglos y alcanzamos la reconciliación tras una Guerra Civil terrible y cuarenta años de dictadura.
"En estas décadas, la realidad española ha cambiado. Y aunque no comparto las voces que se han alzado proclamando el agotamiento del modelo, lo cierto es que sí parece necesario una puesta a punto de la Constitución de la que emane una nueva Carta Magna que dé respuesta a una sociedad que poco tiene que ver con la de 1978", añade.
También cree imprescindible mejorar los mecanismos de control y transparencia de nuestras instituciones y de sus representantes para garantizar la regeneración que la ciudadanía exige y la realidad demanda.
Rivero aboga asimismo por una reforma constitucional del Senado que lo convierta en una auténtica y útil cámara de representación territorial de corte federal con funciones propias y exclusivas sobre las cuestiones autonómicas y donde las Comunidades Autónomas estén representadas en exclusiva.
La reforma constitucional debería conllevar una profundización del autogobierno de las comunidades autónomas con una evolución hacia un modelo asimétrico de estructura federal, defensor de la solidaridad entre comunidades pero también diferente en razón de las peculiaridades de cada territorio.
En ese orden de cosas, "para Canarias es esencial que la propia Constitución contenga la delimitación de las aguas archipelágicas, o que establezca la obligatoriedad del informe preceptivo del Parlamento de Canarias en las modificaciones estatales del REF", apunta Rivero.
Es necesario que además del hecho insular la propia Constitución reconozca la lejanía como hecho diferencial canario, como ya lo hacen los Tratados de la Unión Europea; y que se tenga en cuenta su vocación atlántica y tricontinental -lo que a su vez permitiría asumir competencias íntimamente relacionas con la insularidad y lejanía como puertos y aeropuertos, transporte aéreo, costas, telecomunicaciones, sanidad o comercio exterior, por poner algunos ejemplos-.
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