El alcalde dice que asumir el servicio sin presupuesto conlleva responder con su patrimonio

Marco Aurelio Pérez explicó que, recabados y vistos los informes pertinentes, era “imposible” hacer frente al pago de la nómina de las cinco trabajadoras del servicio y tomaron la decisión de despedirlas y cerrar dicho servicio porque no había dinero para hacer frente a su mantenimiento.

Con respecto a las declaraciones del consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo, quien afirmó a La Expresión que el prepuesto estaba garantizado, aseguró que él “personalmente” y la concejala del área mantuvieron múltiples reuniones para saber cuánto dinero iba a tener el municipio y “a día de hoy no puede dar ni un duro”.

Lo cierto, prosiguió, es que “no ha firmado el convenio con el Gobierno canario y mientras no lo firme no puede contar con el dinero y por tanto no puede firmar los convenios con los ayuntamientos”.

“Nosotros no podemos tener trabajadores a los cuales no podemos pagar un sueldo porque no tenemos consignación presupuestaria, más después de la ley de estabilidad presupuestaria, donde las responsabilidades pasan a ser muy personales y a responder con nuestro patrimonio aquellas personas que incumplamos la ley”, concluyó.

Para el PSOE, todo son excusas

Para la concejala socialista Concepción Narváez, sin embargo, todo son “excusas” y opina que el Grupo de Gobierno actuó con “descaro a la hora del desmantelamiento de servicios realmente importantes con la excusa de la crisis y que no son competencia del municipio”, máxime en un proyecto tan “importante” como el de la atención a mujeres maltratadas.

Que no había dinero “no nos parece suficiente, porque bien que ha tramitado con urgencia otros expedientes que sí le interesa, hace mes y medio convocó un pleno extraordinario para varias modificaciones presupuestarias, una de 250.000 euros para horas extras al personal fijo de este ayuntamiento, por tanto no son argumentos de peso para esto”.

Lo que a su juicio sucede es que “no le da la importancia suficiente” o, de lo contrario, hubiera “hecho lo mismo que con otros, poner el dinero mientras el Cabildo” resuelve el proceso de firmar el convenio con el Gobierno canario.

Narváez criticó con dureza la orden dada a la Concejalía de la Mujer de no prestar ni tan siquiera una primera atención a las víctimas de la violencia de género, sino que sean derivadas a otras instituciones desde el primer momento, lo que calificó de “realmente grave”.

Que una persona que ha sido maltratada “vaya a la administración más cercana y le digan que se vaya, que esas no son sus copetencias, es preocupante, realmente no hay interés”.

Torres pide que rectifique

La concejal de Nueva Canarias Maria del Pino Torres consideró por su parte que el alcalde “debe rectificar” porque el cierre del servicio “genera muchos problemas a la ciudadanía”, ya que el maltrato es una lacra, aparte de que el Cabildo garantiza que habrá fondos.

“Que dé marcha atrás y desarrolle este servicio porque nos parece fundamental”, dado que atiende a 200 mujeres al año, aseveró.

Torres recordó que “costó mucho” crear este servicio para que las mujeres se decidan, al menos, a denunciar su situación “y del plumazo lo quita sin justificación cuando malgastan dinero” en otras acciones como la subvención a la Escudería Masapalomas, 95.000 euros.