La corrupción mayor

Vuelven a emerger, por enésima vez, indicios de que nuestro “Estado social y democrático de derecho” continúa lastrado e impotente por múltiples fenómenos de corrupción. Lo que se considera corrupción, en el sentido actual del término, es “la conducta que se desvía de los deberes formales de una función pública para obtener beneficios privados, pecuniarios o de prestigio” (Nye, 1967, 417). Pero, cívicamente, también perduran las valoraciones políticas clásicas que entienden que la corrupción no se limita a las acciones de los individuos, sino que atañe al tono ético del conjunto social.

Algunos de los voceros del sistema –que no siempre están comprometidos con los gobiernos de turno- trivializan la cuestión pretendiendo que, en nuestro país, ser corrupto sería una seña de identidad. Como si en las demás naciones no hubiera corruptelas o como si toda conducta incívica fuera equivalente. Se trataría de un vicio nacional -al parecer, compartido con los demás países mediterráneos- que nos determina a ser un país de pillos. Por lo tanto, no habría mucho que hacer, pues las iniquidades de las élites del poder público y privado no serían más que la expresión “en las alturas” de nuestro modo sociopolítico idiosincrático: muy poco eficiente, bastante deshonesto, pero, al fin y al cabo, funcional.

Otra cortina de humo que se crea en torno a esta extendida lacra, evitando, así, asumir su remedio con administraciones más democráticas, transparentes y responsables, es la de que la corrupción es un asunto particular, de personas concretas. Esta versión es la que suelen argüir quienes están en ejercicio del poder y quienes los sirven. Cuando se pilla a alguien, el desdoro se limita a su persona. No se reconoce que cuando se repiten dinámicas corruptas con múltiples patrocinadores, agentes y clientes implicados, es porque está fallando el sistema. Y, así, hasta la próxima, cada vez.

El politólogo Michael Johnston ha contribuido a clarificar el fenómeno, identificando según la fortaleza de las instituciones, la capacidad de los Estados y la resistencia de las sociedades, cuatro síndromes de corrupción. El primer síndrome, el de la corrupción por influencia del mercado, afecta aún a los países que, como EEUU, Japón y Alemania, cuentan con instituciones fuertes, Estados capaces y sociedades exigentes. El segundo síndrome, el de los cárteles de élites, prevalece en los Estados con capacidades moderadas como España, Italia y Corea. El tercero, por corrupción de oligarcas y clanes, es característico de naciones como Rusia, Filipinas o México. El cuarto, que provoca una pobreza generalizada y mercados irregulares hasta para los bienes básicos, sobresale en China, Kenia e Indonesia.

Pero también existe un posicionamiento reactivo y visceral ante la corrupción. Alentado por la percepción de que todo está corrompido, tiende a considerar que sólo con remedios drásticos se podría acabar con el estigma. Ante la constatación de que los poderosos, muy a menudo, vulneran sus responsabilidades con la ciudadanía, impunemente, surge la tentación de considerar al propio sistema democrático como responsable de esa deriva. Con ello, se olvida que son, precisamente, los procesos de democratización los que hicieron y hacen posible que el poder deje de ser patrimonial y se vea obligado a legitimarse y a responder socialmente. La antigua regla de que “el rey no puede obrar mal” expresaba la condición de propietario del soberano sobre el Estado. El ejercicio del poder en pocas manos, siempre es pura tiranía.

La razón fundamental por la que la corrupción -aún con notables diferencias y grados- continúa medrando en la generalidad de los Estados es por la pervivencia en las sociedades de la estructuración jerárquica, porque los de arriba no terminan de responder ante los de abajo. Por ello, el mirar para otro lado, el inhibirse de profundizar los procedimientos democráticos de control y de rendición de cuentas y el buscar atajos autoritarios, resultan, a la postre, distintos modos de la corrupción mayor.

Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social.

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