El transfuguismo en la política

No hay legislatura en que en unos u otros lugares, no se hable de transfuguismo y de tránsfugas. Desde los casos más espectaculares y escandalosos, como son los que afectan básicamente a políticos con aspiraciones a tener responsabilidades en las áreas de urbanismo y anexas en los ayuntamientos, hasta los producidos para conformar artificiales mayorías matemáticas de gobierno en casi todas las instituciones del Estado.  Es evidente que los casos de corrupción y transfuguismo merman la confianza de los ciudadanos en la casta política y en el vigente sistema de partidos conformado en España, que para muchos han secuestrado la democracia real sustituyéndola por una opaca partitocracia ajena a la voluntad popular.  

Tal como se acostumbra a informar en la prensa sobre los casos de transfuguismo, muy probablemente la ciudadanía ha asumido como prejuicio de carácter negativo, sin hacer un mínimo contraste y análisis de la información, que se trata siempre del comportamiento despreciable y poco democrático de un político electo ante una situación dada, frecuentemente también con dinero de por medio.  Se suele considerar al tránsfuga como una persona carente de ética y movido únicamente por oscuros intereses económicos o de promoción personal.

Sin lugar a duda, hay muchísimos casos en los que se puede tener la certeza moral de que se ha producido un comportamiento nada ético y, por no ser jurista, no estoy muy seguro si fuera además delictivo.  Tirando de hemeroteca, es muy difícil encontrar un caso catalogado como de transfuguismo en el que se haya podido establecer el reproche jurídico que lleve a una condena ejemplarizante para su protagonista.  Entre otras múltiples razones, destacan las de encubrimiento directo o indirecto de las cúpulas de los partidos políticos, que aullan cuando los casos les afectan y callan cuando les beneficia, por más pactos y “repartos” que hayan pomposamente firmado poniendo caritas embelesadas propias de estampas de Santa Teresita de Lisieux, al margen de la opinión directa de los ciudadanos a los que dicen representar.

Pero también hay otros casos donde la cosa no es tan evidente.  Y el propio DRAE no hila muy fino, a mi modesto entender y sociológicamente hablando, al definir el concepto de tránsfuga. En la tercera acepción en el diccionario se asimila al de traidor, pues dice que lo es “un militar que cambia de bando en tiempo de conflicto”.  Si se aplicara a la vida política sería suponer que los militantes son militares y que la discrepancia ideológica es una guerra en toda regla y no sólo estrategias, contubernios o “convolutos” de pasillos y despachos.  

Las dos primeras acepciones hacen referencia a “persona que pasa de una ideología o colectividad a otra” y a la “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”.  No se refiere el diccionario a la posibilidad de que el tránsfuga sea una persona jurídica, un partido en este caso.  Para un político que crea de verdad que el programa electoral es un compromiso formal para con los electores, no como decía Tierno Galván algo escrito para no ser cumplido, si se produjera un incumplimiento flagrante y ese diputado o concejal decide abandonar su partido ¿quién es realmente el tránsfuga, el político o el partido? ¿Por qué ha de devolver el acta al partido político, que institucionalmente ha faltado a la palabra dada, aquel cargo electo que se quisiera mantener fiel y firme en su promesa electoral, plasmada en el texto del programa?  Y como corolario, cabría preguntar a sus señorías mandamases: ¿cuándo piensan acabar con la nefasta partitocracia que tiene y mantiene secuestrada la voluntad popular?