Formación profesional y competencias (y 2)

Tal como ya se recordó en la primera parte, la FP siempre ha sido para los políticos y para las élites sociales como el pariente pobre que no ha tenido suerte en la vida, aquel del que la familia se avergüenza, pero que no pueden esconderlo cuando se presenta en una reunión social.  Por esa falsa percepción los más “afortunados” fingen preocupación e interés hasta que deja de estar en el foco de atención, sin olvidar una buena dosis de ideología sectaria.

El Ministerio de Educación, si no recula como en el asunto de la inmersión lingüística, ha planteado la nueva FP dual siguiendo el modelo alemán, que combina una sólida formación teórica básica en centros de enseñanza reglada con la consolidación de esos conocimientos adquiridos en una empresa.  Dos objetivos básicos dicen perseguir con esta reforma.  El primero es más que razonable: mejorar la empleabilidad cualificada, que es una de las permanentes reivindicaciones de alumnos y empresarios, aunque no tanto de los profesores. 

Pero el segundo objetivo declarado, frenar el abandono escolar, a mi entender, es demagógico y fuera de lugar. Eso sólo se puede lograr, sin falsificar las evaluaciones, aumentando la calidad y la eficacia de los resultados de tal forma que los alumnos perciban el sacrificio del estudio como una auténtica vía de acceso a la actividad laboral especializada y, por qué no, una posibilidad real de mejorar su nivel de vida por méritos propios, gracias a su propio esfuerzo, sin necesidad de fingir ser simpatizante o tener carné del partido en el machito.

Según la nota de EFE, hay al menos una declaración de José Miguel Pérez y otra de Margarita Ramos que, según mi criterio, son muestras de la poco edificante visión del Gobierno de Canarias sobre esta importantísima reforma educativa, que puede ayudar a que la economía productiva sea la principal fuente de riqueza en Canarias y no seguir confiando en el “maná” de la Unión Europea o de España, esa tan denostada por los nacionalistas.  El primero está muy preocupado por si se “lesionaran” competencias autonómicas.  La segunda tiene “serias dudas de inconstitucionalidad” por una “regulación sorprendente” (que ya existe, por cierto, desde hace años), en la que los estudiantes no tengan derecho a la prestación por desempleo si el contrato para la formación se firma con corporaciones locales, escuelas taller o talleres de empleo.  Cuando hay tanta necesidad de formar a los jóvenes en actividades productivas, para no condenarlos a ser parte de la generación “ni-ni”, cogen el rábano por las hojas y además con papel de fumar, como dicen dos refranes unidos para la triste ocasión.

A mi modesto entender, el auténtico problema de la formación dual es, como mínimo, doble. De un lado el fijar de forma realista, sin dejarse llevar por opiniones sesgadas de patronales y sindicatos, el catálogo de titulaciones que el Estado puede financiar con cargo al erario, es decir con impuestos de todos los contribuyentes.  No cualquier titulación posible tiene porqué ofertarse en Canarias, montado una carísima infraestructura de medios materiales y de profesorado si no está social y económicamente justificada.  Para esos casos están las becas.

En segundo lugar, y a mi entender una obviedad, es que si la formación ha de tener una componente práctica en empresas y corporaciones públicas, las titulaciones ofertadas con cargo a impuestos han de tener en cuenta el tejido productivo existente, no el que alguien imagine que pudiera existir.  Cuando toquen esa partitura, ¡ya la bailaremos y la pagaremos.