Formación profesional y competencias (I)

De tiempo en tiempo vuelve a ponerse de moda en asunto de la mala calidad de la Formación Profesional, conocida como FP, especialmente en Canarias donde la bajísima cualificación académica y profesional de los desempleados es ya legendaria.  Cómo será de mala, que hasta el propio el consejero de Educación, José Miguel Pérez, lo reconoce.  Y cada vez que tienen ocasión, anuncian un nuevo plan, un pacto por la educación o un acuerdo con los agentes sociales que diluya la alta concentración de ineficacia e ineptitud con la que todos los políticos han tratado el asunto, más con criterios sectarios partidistas que sociales. Empezó UCD, el PSOE se empleó a fondo dos veces y el PP se arrugó.  Coalición Canaria, de hecho, con quien que mandara en Madrid, que es quien tiene la llave de la caja.

No abordan el problema de fondo, sólo anuncian la feliz reforma de la última reforma.  Eso sí, tras una profunda reflexión y un amplio consenso con sindicatos y patronales, especializados en “gestionar” los planes de formación ocupacional y subsiguientes programas similares cofinanciados por Europa.  Sindicatos y patronales nadan en el ámbito de la formación no reglada donde, por su propio carácter subjetivo, es terreno fértil para acordar cómo repartirse los fondos (ellos los llaman “cursos”) que ayudan a financiar sus estructuras, con la penosa y mendaz excusa de que así aumentará el empleo por una mejor cualificación.  La realidad es que ni los parados dejan de estarlo, ni los fondos dilapidados han servido para elevar el nivel de competencia y empleabilidad de sus víctimas, los cada vez más desengañados parados a los que sibilinamente obligan a asistir a sus “aquelarres” cada vez más disparatados.

Los consejeros de Educación y de Empleo, José Miguel Pérez y Margarita Ramos, titulares de consejerías con nombres tan largos como menguados son sus logros, han presentado en días pasados otro Plan Canario de Formación Profesional, dicen que creado de cara a un nuevo modelo productivo, modelo que tal vez ellos conozcan en detalle y no sólo vaguedades y lugares comunes para los eslóganes.  De todo corazón desearía que esta vez acertaran, porque los jóvenes de Canarias no se merecen un nuevo engaño de los políticos que hoy gobiernan ni de la oposición que aspira a sustituirlos en un vergonzoso “quítate tú para ponerme yo”.

No obstante, desde mi probablemente equivocada percepción de lo que debiera ser la formación en competencias profesionales, quisiera hacer unas esquemáticas consideraciones.  Ni patronales ni sindicatos son ámbitos de formación. Sus ámbitos de actuación institucional debieran limitarse a la representación de los intereses económicos de los empresarios, para unas y para otros la defensa laboral de los trabajadores.  Es tan obvio que no son percibidos así que el número de sus afiliados es mínimo, aunque sirvan de coartada al poder político.

Para enseñar competencias profesionales, en el campo más serio y formal de la formación reglada, no basta con que alguien disponga de “titulación académica suficiente” para ser contratados como profesor.  Sería imprescindible demostrar competencias profesionales y experiencia práctica en el campo en que pretenden formar a los alumnos.  En el ámbito no reglado, la formación y cualificación de los presuntos docentes es aún más dudosa. 

A la espera de conocer en profundidad el plan presentado, no deja de ser muy decepcionante que las pegas que el consejero socialista ha puesto al RD del Gobierno de todos los españoles que regula las bases de la Formación Profesional Dual, es si “lesiona” competencias autonómicas y su normativa.  Si es bueno o malo para los estudiantes y para el empleo, poco importa.  Lo fundamental es que no les toquen el quiosco a la “nomenklatura”, como en la extinta URSS, la elite de la burocracia estatal, que aquí tal vez lo sea de Canarias, S.L.