Mogán aprueba un reglamento con "licencia para censurar", según la oposición

El pleno de Mogán ha aprobado definitivamente el Reglamento Orgánico Municipal con doce votos a favor del PP y CC y nueve en contra de Ciuca, NC y PSOE, que considera que esta nueva normativa tiene “licencia para censurar”.
 

Catalina Cárdenes, concejal de CC, declaró que “visto lo sucedido en el pleno de hoy es necesario un reglamento que regule las sesiones”. Así, el documento regulará, en el marco de la legislación básica estatal y autonómica, el gobierno y la administración del Ayuntamiento de Mogán, el régimen del funcionamiento del pleno y las comisiones informativas.

Este punto del día generó debate entre los portavoces debido a la alternativa presentada por la oposición, varias alegaciones y una enmienda a la totalidad que fue desestimada por un informe de la Secretaría de la corporación, que determinó que en realidad su propuesta es coincidente, sólo que con una estructura y orden distintos, según informa el consistorio en una nota.

Explica además que en Mogán no se pueden incluir los órganos que la oposición pide porque están establecidos para “grandes ciudades”, lo que afecta sólo a la capital grancanaria y Telde, en el caso de Gran Canaria.

Demagogia

La concejal Gema Sabina se refirió a las acusaciones vertidas por la oposición respecto a la publicidad de las sesiones plenarias y a su “inconstitucionalidad” y las tachó de demagógica porque el reglamento moganero recoge exactamente lo mismo que la mayoría de los municipios y expuso un sinfín de artículos y municipios que a su juicio lo demuestra, lo que se suma a que critican lo que sus compañeros de partido mantienen en esos otros ayuntamientos, pues se refirió a los socialistas de Teror y Arucas, a los nacionalistas de NC de Gáldar y a Ciuca en Telde.

Así, los ciudadanos de Mogán pueden acudir a los plenos, pero los medios de comunicación, concejales y público en general tienen prohibido grabar imagen y sonido sin autorización previa de la Presidencia del Pleno, que no obstante puede dar su permiso discrecionalmente para la reproducción de toda o parte de las sesiones salvo cuando concurran “supuestos excepcionales debidamente motivados”, expone.

El informe del secretario se ampara en la jurisprudencia para determinar que los concejales no tienen facultad para asistir a las sesiones plenarias con grabadora porque no se debe permitir el uso de imágenes para el interés político y personal de los partidos, mientras que los medios sí pueden grabar los plenos porque son los encargados de informar a la población, concluyó Gema Sabina.

Censura

La oposición, por su parte, reiteró que el reglamento establece una censura previa y discrecional al dejarla en manos del presidente del Pleno, lo que atenta contra el artículo 20 de la Constitución, aparte de que restringe la presentación de iniciativas y mociones de la oposición a limitarlas a cinco bajo la justificación de la dificultad en la ordenación de las sesiones si no se pone un límite, algo que critican porque además el grupo de Gobierno cobra exclusividad y los plenos sólo se celebran una vez al mes.

El consistorio informa asimismo de que la sesión plenaria finalizó con la expulsión del portavoz de Ciuca por sus continuas faltas al orden y por hacer uso de la palabra reiteradamente sin tener el turno, lo que hizo que el resto de Ciuca y la portavoz de NC abandonaran igualmente el pleno, con lo que renunciaron a defender los intereses de los ciudadanos en el turno de ruegos y preguntas, concluye el grupo de Gobierno.

Contradicción

Por su parte, el PSOE considera que el Reglamento contradice varias sentencias judiciales y vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución Española. Además, limita las iniciativas que puede presentar cada grupo político a un máximo de 5 de las que sólo podrán presentarse 2 mociones. 

Desde el Partido Socialista consideran que este documento tan fundamental para el buen funcionamiento de la administración, atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos al prohibir las grabaciones de las sesiones plenarias,  obstaculiza la labor de los concejales al limitar las iniciativas que  se pueden presentar en los plenos “y silencia a los vecinos y vecinas a los que representamos”.