La mayoría silenciosa
La huelga general del pasado 14-N es la octava de la democracia española posfranquista. Siempre,
recurrentemente, se ha producido alrededor de ellas un baile de cifras...
La huelga general del pasado 14-N es la octava de la democracia española posfranquista. Siempre,
recurrentemente, se ha producido alrededor de ellas un baile de cifras y de controversias sobre su éxito o
fracaso. Los promotores y sus destinatarios han usado estratégicamente tácticas de calentamiento o
enfriamiento antes de su celebración en todas las ocasiones. El día después se originan también
diferencias en las valoraciones, aunque no han sido pocas las veces en las que sus resultados obligaron al
gobierno de turno a desdecirse de sus planteamientos iniciales, como hizo Felipe González en 1988 con el
plan de empleo juvenil.
Pero eso era antes. En la celebrada días atrás y antes, durante y después de la huelga, la campaña de
acoso y desprecio a los convocantes y a los que la secundaron ha sido brutal. Los sindicatos son violentos,
vividores subvencionados e irresponsables. Los que no acudieron ese día a su trabajo, o salieron con ellos
a reivindicar la defensa del Estado de derecho y la Democracia que nos están desmantelando, han sido
unos insensatos y antipatriotas de primer orden. La convocatoria y la celebración de la jornada de
reivindicación sindical y ciudadana -de “carácter político”, señalado así, con énfasis, para seguir
contribuyendo al desprestigio de la política- ha puesto en riesgo la “marca España” y ha causado un
enorme perjuicio a la economía del país. Tanto, que es imprescindible una nueva Ley de Huelga
restrictiva e incluso el cuestionamiento de la existencia de las organizaciones sindicales.
Pero lo que me resulta más grave son las manifestaciones del Gobierno y del Parlamento
ninguneando a la ciudadanía y a sus justas demandas sociales. Si ya resulta un desprecio que la Cámara
de Diputados se convocara ese día para debatir los presupuestos, en clara confrontación con la gente a la
que representa, no lo son menos las declaraciones de Mariano Rajoy antes de la jornada de paro. El
martes 13 y ante un grupo significativo de directivos de empresas manifestó que no cambiaría su política
económica de ajustes y recortes que tanto drama produce cada día. Es lo mismo que vino a decir de
Guindos en la valoración de sus resultados: “el camino iniciado es el único posible para salir de la crisis”.
Martínez Pujalte fue más explícito: “el PP se debe a sus votantes”. Continuaban de esta manera
despreciando a cientos de miles de hombres y mujeres al igual que lo hizo el presidente en Nueva York,
tras las manifestaciones del 25-S, haciendo un reconocimiento a la “mayoría silenciosa” mucho más
numerosa “que no sale a la calle , que no se les ve, pero están, ahí”, apoyando sus propuestas.
Y no se paran a valorar -más allá de sus compromisos con el neoliberalismo y Merkel- el enorme
daño que están produciendo con sus políticas -o con su renuncia a la política- a millones de españoles y a
la democracia. El miedo al futuro que siembran, la desesperanza que generan con el “no hay alternativa,
es lo que hay que hacer” y la coerción a la participación y a las reivindicaciones ciudadanas, están
rompiendo la cohesión social, abriendo una enorme separación entre la ciudadanía y las instituciones
democráticas y sus representantes.
El empobrecimiento de una parte importante de la población, el acoso hasta la extinción de las
clases medias y la potenciación de una oligarquía económica pasa, inexorablemente, por diluir la
participación ciudadana y por romper su papel protagonista en la construcción de un modelo de sociedad
plural, equitativo y socialmente justo. Porque como dice Alain Touraine: “la ciudadanía da derechos”. El
desprecio a los derechos de los ciudadanos abre cada día brechas entre estos y un modelo político
institucional conformado por partidos mayoritarios que no dan respuestas, por sindicatos cuestionados,
por medios de comunicación acríticos y por una élite empresarial con vocación de dominio absoluto sobre
lo público y el rechazo a cualquier control social sobre la economía. Por eso hay que desprestigiar y
minusvalorar lo que Roger Baltra (Democratizar a la democracia) considera que está creciendo
lentamente pero inexorablemente en muchos países: “una nueva cultura que impulsa una multitud
heterogénea de fenómenos, que van desde los consejos ciudadanos, auditorías populares y organizaciones
en defensa de los derechos humanos, hasta asociaciones internacionales de observación, instituciones
autónomas de vigilancia y grupos que monitorean los abusos de poder”. Es la misma tesis que sostiene
John Keane cuando habla de una democracia monitorizada dotada de mecanismos extraparlamentarios,
examinadores del poder y que va más allá de la celebración de elecciones. Se trata de conseguir más
voces para la ciudadanía que combatan los efectos mortíferos de las “ilusiones insensatas, cinismo y
desafección que se encuentran entre las mayores tentaciones que acechan a los ciudadanos y a sus
representantes elegidos y no elegidos”.
Elvira Méndez, catedrática de Derecho europeo, acaba de publicar un libro (La revolución de los
vikingos: la victoria de los ciudadanos. Planeta) donde nos cuenta cómo los islandeses hicieron dimitir a
su Gobierno, se negaron a pagar la deuda externa, llevaron a su expresidente ante la Justicia y, hasta este
momento, han metido a tres banqueros en la cárcel. El futuro de la democracia pasa por una ciudadanía
fuerte, organizada, esperanzada, capaz de luchar por su futuro, firme para canalizar su indignación, tenaz
en la reactivación de una democracia cautiva. Y es eso lo que se pretende combatir por la fuerza o por la
desmovilización controlada. El acoso a la huelga general, a las manifestaciones ciudadanas, a los
movimientos cívicos organizados, no es, por tanto, fruto de la casualidad. El vallado una y otra vez del
Congreso de los Diputados y que se prohíba este año la celebración del Día de Puertas Abiertas en esta
sede es una imagen diáfana de cómo algunos entienden la política, la democracia, la transparencia y a
quiénes se deben los que ahí debaten y legislan cada día.
Las opiniones de los columnistas son personales y no siempre coinciden con las de Maspalomas Ahora.
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