El subidón de Gallardón
Error, enésimo error del Gobierno del Partido Popula
Error, enésimo error del Gobierno del Partido Popular. A los genios de Moncloa, esta vez me imagino que encabezados por el señor Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, no se les ha ocurrido mejor idea que subir el coste de las tasas judiciales para, supuestamente, agilizar la carga de trabajo de los juzgados y sobre todo evitar que los registros se saturen de demandas completamente absurdas, pero que como en este santo país todo el mundo ‘tiene’ hoy un abogado pues enseguida demandan al vecino o al primero que pasa por la calle y les mira mal.
El sistema judicial español se ha viciado de tal manera que aquí hemos pasado de no quejarnos ante nada a protestar vía querella por todo, aún a sabiendas de que el tiempo en los pasillos de la santa y docta Justicia pasa mucho más lento que cuatro milenios seguidos. Sin embargo, todo llega y al final un juez, un fiscal y unos abogados tienen que hacer frente a una vista surrealista donde, por ejemplo, se dirima si un coche de hace 30 años le pertenece a un hermano o a otro en función de un testamento que no quedó nunca claro.
Puedo entender que, por un lado, se trate de buscar la erradicación de esos expedientes que corresponden a pleitos que se pueden resolver con buenas palabras y mejor entendimiento, pero también es verdad que el ministerio del señor Gallardón se ha pasado tres y hasta trescientos pueblos con lo de meterle un subidón general a esas tasas judiciales.
Los ciudadanos, en estos tiempos de crisis y donde las administraciones están a la que saltan para poder recaudar de donde se pueda, tiene todo el derecho del mundo a reclamar, por ejemplo, una multa de 100 euros por entenderla injusta. ¿Saben cuánto se pide por el proceso judicial para que te la quiten si es que tienes razón y te la han colocado erróneamente? Pues nada menos que 200 euros. Al final sale más cara la gasolina que el coche o el recambio del tóner que comprarte una impresora nueva. Aún están a tiempo de rectificar, pero me da la sensación de que no están por la labor.
El sistema judicial español se ha viciado de tal manera que aquí hemos pasado de no quejarnos ante nada a protestar vía querella por todo, aún a sabiendas de que el tiempo en los pasillos de la santa y docta Justicia pasa mucho más lento que cuatro milenios seguidos. Sin embargo, todo llega y al final un juez, un fiscal y unos abogados tienen que hacer frente a una vista surrealista donde, por ejemplo, se dirima si un coche de hace 30 años le pertenece a un hermano o a otro en función de un testamento que no quedó nunca claro.
Puedo entender que, por un lado, se trate de buscar la erradicación de esos expedientes que corresponden a pleitos que se pueden resolver con buenas palabras y mejor entendimiento, pero también es verdad que el ministerio del señor Gallardón se ha pasado tres y hasta trescientos pueblos con lo de meterle un subidón general a esas tasas judiciales.
Los ciudadanos, en estos tiempos de crisis y donde las administraciones están a la que saltan para poder recaudar de donde se pueda, tiene todo el derecho del mundo a reclamar, por ejemplo, una multa de 100 euros por entenderla injusta. ¿Saben cuánto se pide por el proceso judicial para que te la quiten si es que tienes razón y te la han colocado erróneamente? Pues nada menos que 200 euros. Al final sale más cara la gasolina que el coche o el recambio del tóner que comprarte una impresora nueva. Aún están a tiempo de rectificar, pero me da la sensación de que no están por la labor.
Las opiniones de los columnistas son personales y no siempre coinciden con las de Maspalomas Ahora.
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