Una administración sobre otra y otra

Cuando se interpretan intenciones nunca se puede estar seguro de acertar, por eso es conveniente ceñirse a los hechos siempre que sea posible.  Es ahora muy difícil, a la par que un ejercicio inútil en la práctica, saber qué pensaban los padres de la Constitución Española cuando la redactaron y si mentían o no cuando explicaban las dudas que suscitaban algunos artículos y títulos poco antes del referéndum que se hizo para su aprobación por los españoles.  Y de aquellas, tal vez, necesarias vaguedades en las formulaciones, se ha llegado a una situación que para unos y otros se hace insostenible.  

Pero lo peor es que ningún poder del estado –ni el ejecutivo, judicial y legislativo- parecen mostrar la menor intención de reconducir con sentido común los asuntos, por más proclamas políticas que se hagan ante el creciente hartazgo de los ciudadanos.  Los nacionalistas dicen que no se encuentran cómodos, molestias atenuadas cada año con el bálsamo de sustanciosas mordidas al presupuesto público de esa España que dicen detestar y que les roba, porque les quita o no le paga todo lo que ellos opinan que bien se merecen.  El resto asistimos impotentes, con un miedo creciente, al despilfarro estatal y sobre todo autonómico protagonizado por unas castas políticas que han llevado a España al precipicio en la última década, con prisas y sin pausa no fuera a ser que se acabaran los fondos sin tener la oportunidad de rebañar a conciencia el caldero.   

La ruina podrá estar hoy mejor o peor administrada por el actual gobierno, pero es indignante ver cómo los causantes del desastre sacan pecho y se suman a las genéricas protestas contra lo que resulta obvio para cualquier familia: que no se puede gastar lo que no se tiene y que las deudas hay que pagarlas.  Bueno, eso es así salvo que se tenga “alma socialista”, según le reprochó Elena Valenciano a María Antonia Trujillo, dos “sensibilidades” dentro de un mismo PSOE.  Muy atrás quedan los tiempos en que los concejales no cobraban por ejercer sus funciones públicas, quedando la ejecución de sus directrices políticas en manos de funcionarios de carrera. Hasta no hace demasiado, por ejemplo, los parlamentarios autonómicos canarios no cobraban por tener el honor y el privilegio de representar a sus conciudadanos.  Ahora las oficinas públicas están rebosantes de personas enchufadas por los partidos con sueldos desmesurados, sin la preparación necesaria y sin haber realizado ninguna oposición o concurso que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública por méritos y capacidad a cualquier ciudadano.

Para facilitar tal dislate, todos los partidos políticos, sin excepciones que conozca, han apoyado las administraciones paralelas que duplican o triplican los niveles y barreras administrativas que, han de sortear los emprendedores, los que crean riqueza, para montar una actividad productiva.  Los nuevos jefecillos locales han olvidado, o desconocen, lo que ya en el siglo pasado se denominaban economías de escala y principio de subsidiariedad, es decir, que no haga una administración lo que ya hace otra superior o inferior en el organigrama.  Pero si esa norma tan elemental y de sentido común se llevara a cabo ¿dónde colocarían o cómo subvencionarían los políticos a sus capillas?

En Canarias hay un ejemplo bien patente de irracionalidad incrustado en la principal actividad económica, como es el turismo. Cada municipio tiene una concejalía de turismo, con funcionarios o empleados asignados a sus pompas y a sus obras. Sobre ellos están los cabildos, con una estructura redundante y extra dimensionada para pelear con los ayuntamientos y con el gobierno autonómico por los presupuestos.  Para más impotente exasperación del contribuyente, observatorios, CIT, consorcios, etc. conviven en el marasmo creado por la suma de todos ellos.  Como diría el aforismo, muchos jefes (cobrando) y pocos indios (pagando).

Peor aún es el caso de la administración de la cultura, o la “cultureta” subvencionada del relumbrón y el canapé.  Aquí el dislate, y el gasto excesivo en gestionarla, desciende hasta el nivel de los barrios, no basta el ayuntamiento.  Y quien critique esto, lo hace porque pretende que la cultura no llegue al pueblo o movido por un oscuro e inconfesable interés para que el auditorio del pueblo no prospere tanto como el “palacio de la cultura” del vecino.  ¡Los de al lado sí que gastan!, le espetan al concejal de turno para que reclame más y más partidas del erario.  Y éste, contando mentalmente los votos que puede ganar o perder en las próximas elecciones, se lanza adelante a la caza y captura de más fondos públicos.
    
Alguien debería sumar todas esas partidas económicas redundantes y recordar que salen del sudor y el trabajo de los cada vez menos contribuyentes sin que los políticos muevan un dedo para racionalizar el gasto público.  Todo lo fían al incremento de impuestos y a que los fondos europeos puedan seguir financiando el derroche y la partitocracia.  ¡Para ahorrar ya están los alemanes, dicen.