Rivero teme que la entrada de capital privado en Aena perjudique a las Islas

Así reflexiona el presidente tras la noticia adelantada el martes por la ministra Ana Pastor de anunciar la entrada de capital privado en el ente para el próximo año.

"Es conocido que Canarias aspira a la gestión de su sistema aeroportuario; una aspiración justa y lógica, porque los aeropuertos son, junto con los puertos, los principales instrumentos para garantizar nuestra cohesión social y económica", insiste el presidente, pues "a nadie se le escapa que no tienen nada que ver los aeropuertos de un archipiélago ubicado en el Atlántico con los aeropuertos del continente y, por lo tanto, es precisa una política diferenciada para captar clientes".

El presidente recuerda que "la inquietud ante la reducción de frecuencias o rutas, y el malestar por el abuso de los precios para poder viajar, han estado, están y estarán en lo alto de la agenda de mi Gobierno".

"Lamentablemente, la reducción de rutas y frecuencias de las compañías aéreas que operan entre nuestro Archipiélago y la Península o el extranjero están alejando aún más a Canarias de España y del resto del mundo, poniendo las cosas aún más difíciles a las economías de las familias y empresas", insiste.

El presidente afirma que "con la obligación de servicio público sobre la mesa, esas reducciones de rutas y frecuencias, que desembocan en precios abusivos, pueden y deben tener respuesta; es más, van a tenerla si no se corrige y mejora la situación".

"Es incontestable que Canarias debe contar con conexiones aéreas adecuadas a los derechos de familias o empresas, y adaptadas a las demandas propias de nuestro desarrollo socioeconómico, una conectividad que responda a nuestra internacionalización económica y a su creciente peso en nuestro el espacio geopolítico", dice Rivero.

Para el presidente, "es imposible avanzar en estos aspectos si se permite o consiente una progresiva fuga de compañías, que plantean reducciones de costes olvidando que el caso canario es diferente y requiere soluciones, y decisiones, igualmente diferentes".

SALVAGUARDAR A LOS CANARIOS

"Precisamente por eso, porque Canarias es un caso distinto, la normativa actual prevé la actuación de la Administración Pública para garantizar una correcta prestación del servicio, una `legítima´ injerencia de lo público en el mercado para salvaguardar el interés de los canarios", insiste.

Porque para Rivero, "eliminando rutas o abusando de los precios, a los canarios se les está negando el derecho a viajar en condiciones razonables, y desde lo público debe garantizarse que eso no ocurra".

"El Gobierno canario seguirá trabajando en esa dirección, y así es y seguirá siendo tanto si hablamos de rutas aéreas como si lo hacemos de problemas en las rutas y frecuencias marítimas interinsulares", asegura en el blog.

Con este punto de partida, asegura que "cuando se da el caso de que el mercado es incapaz de dar respuesta a la necesidad de un determinado territorio por ausencia de competencia, lo que se suele traducir en esas subidas de precio y reducciones de rutas u horarios, cabe obligar a la cobertura de determinadas rutas bajo estrictas condiciones".

"Como se sabe, las obligaciones de servicio público Península-Canarias están aprobadas pero no están activas", recuerda, pero "ahora que están produciéndose recortes de frecuencias con Canarias e incrementos de las tarifas, es necesario realizar un análisis tan riguroso como rápido de la situación para, en su caso, proceder a la activación de las obligaciones de servicio público".

"No vamos a mirar hacia otro lado ahora que las compañías eliminan rutas o disparan los precios. Las administraciones competentes tenemos la obligación de terminar con esta dinámica. Es vital para Canarias que se garanticen las comunicaciones aéreas con el exterior, independientemente de los devaneos del mercado", afirma.

Por eso, el Gobierno de Canarias "está estudiando dar el paso y solicitar formalmente al Estado la activación de las obligaciones de servicio público en determinadas rutas que se consideran imprescindibles para la correcta conectividad de las Islas".

Por último, concluye que "caso de pedir la activación de las obligaciones de servicio público, bueno será que el Estado dé un paso adelante y no otro paso atrás en la defensa de los más de dos millones de ciudadanos que vivimos en Canarias".