Santa Lucía pide que los pisos vacíos por embargos sean puestos en alquiler social

Santa Lucía reclamará al Ejecutivo español que modifique la Ley Hipotecaria para regular la dación en pago a los bancos y además frenar los desahucios por motivos económicos porque la situación es “insostenible para miles de familias” y pide que los pisos vacíos en manos de los bancos sean puestos a disposición de las familias desahuciadas a través de un alquiler social.

Los concejales de Nueva Canarias consideran “inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales”.

Para ello, el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía llevará este jueves a pleno una moción que tiene, por un lado, el objetivo de que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, y por otro habilitar medidas que permitan que los desahucios por motivos económicos se frenen.

El documento subraya que “con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas”, pues sólo entre 2007 y 2010 se produjeron en España cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias y las previsiones para 2011 y 2012 es acercarse a las 500.000.

Pérdida de la justicia social

La moción pone de manifiesto que “los desahucios conllevan altos niveles de inseguridad y la pérdida de la paz y justicia social”, y son los ayuntamientos los que tienen “el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal que necesita cualquier pueblo para superar sus problemas y desarrollarse”.

La organización nacionalista insta al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, y para los ya deshauciados pide una medida urgente por la que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras por embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible”.

Por todo ello, solicita que se dé traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.