Españoles de segunda, de tercera...y de cuarta

Los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla deben rebelarse ante la medida aprobada por el Gobierno de España, en concreto por la ministra de Fomento, la falsa gallega Ana Pastor, en relación a que desde el 1 de septiembre sea obligatorio sacar un certificado de empadronamiento para poder optar al famoso descuento de residente cuando se desee viajar. Son varias las razones que ponen en tela de juicio esta medida porque, en realidad, la finalidad es meramente recaudatoria. Los municipios, en su gran mayoría, dijeron que la obtención del certificado iba a ser gratuita, pero la realidad es muy diferente y muchos ya están sacándole jugo a la expedición del papelito. Y así, euro a euro, sanean sus cuentas a costa del sufrido contribuyente.
 
Y encima dejan en medio de todo este tinglado a la compañía aérea de turno, que tendrá que ser la que compruebe fehacientemente la veracidad del documento que, encima, no podrá quedarse, sino que sólo podrá echarle una ojeada ya que cada certificado que emita el ayuntamiento de turno tendrá una validez de medio año. ¡Ah, y eso de sacarlo por Internet, una filfa! O no está disponible o se cae continuamente, amén, insisto, de que es un atraso y volver a los años 90.
 
Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuya expedición cuesta 2,5 euros por barba barbilla, los funcionarios que están en ventanilla dedicados a esta labor dicen que esto se debe básicamente a frenar un fraude de ley, a evitar que haya gente empadronada en las Islas y que luego, en cambio, vivan en la Península. Dando por buena esa tesis, ¿cuántos son los que están engañando a la administración? ¿10, 100, 1.000 o 10.000? Salvo que haya personas que viajasen todos los días con destino a las Islas o desde ellas, no creo sinceramente que fuese una cantidad tan sumamente relevante como para resucitar ese farragoso sistema. Por eso, me quedo con la tesis de que esto es solamente para sacarle la pasta a los ciudadanos.
 
Luego, eso sí, nos hablan de las maravillas de la administración electrónica, del DNI electrónico, de que cualquier documento que obre en poder de la administración ya no es necesario volver a acreditarlo ante las instituciones, pero todo se queda en la maravillosa teoría. La realidad es que han buscado una forma genial de atracar a los residentes de los dos archipiélagos, Ceuta y Baleares, una cantidad en torno a los tres millones de personas, una cifra importante para que ciertos consistorios puedan tapar determinados agujeros. No, si cualquier día nos pedirán un impuesto para poder respirar.