San Bartolomé baja a 17 concejales en la próxima legislatura

Por el momento, en el Gobierno local de San Bartolomé de Tirajana no se pronuncian y prefieren quitar hierro al asunto al asegurar que no tienen bien estudiada la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Bases de Regimen Local porque esta reducción "depende de varios factores", entre ellos el número de habitantes.

La oposición lo tiene más claro y se muestra optimista, si el incremento en el número de concejales de 21 a 25 que se puso en práctica esta legislatura al superar el municipio los 50.000 habitantes y benefició así a la fuerza más votada al aplicarse el sistema de D'Hondt, un retroceso en el número de concejales electos podría complicar el terreno para repetir la mayoría absoluta, y reduciría el margen a un hipotético tripartito que desbanque de la Alcaldía a la coalición de populares y auvistas.

San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía son dos los dos municipios sureños a los que se les aplicaría el retroceso debido a que su población se encuentra en un margen de 50.000 y 100.000 habitantes.

La medida también afectará a los cargos de confianza, un sector de los trabajadores designados a dedo por el gobierno que en ocasiones no se encuentra capacitado para las funciones encomendadas, mientras desplaza de su actividad a los funcionarios de carrera con doble coste para la Administración.

Simplificar

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha considerado este viernes que la reforma competencial que emprende el Gobierno con la aprobación del proyecto ley que modifica la ley de Bases de Régimen Local está "encaminada a simplificar y reducir las estructuras burocráticas y políticas de España"

En rueda de prensa, Montoro ha confirmado que el proyecto de Ley reducirá en un 30 por ciento el número de concejales, tal y como había anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso, y ello redundará, a su juicio, en favor "de la toma de decisiones políticas".

Montoro ha defendido que el proyecto recoja la supresión de las mancomunidades -"porque no contribuían a una eficaz gestión- y de entidades locales de orden menor, como las pedanías.

Sobre estas últimas ha dicho que forman parte de "una administración local opaca, que no rinde cuentas" y, por ello, ha dicho "hay que simplificar y calibrar las actividades que están realizando".

Montoro ha querido explicar que el proyecto de ley pretende, en definitiva, que las corporaciones locales "acometan las funciones para las que tienen presupuesto y dotación presupuestaria" y, por contra, no hagan aquello "que exceda la definición competencial de la nueva ley".

También ha apuntado que "la baremación de los servicios públicos queda en manos de Hacienda" y se vigilará concretamente a los municipios con menos de 20.000 habitantes, que si no cumplen la calidad de los servicios, estos quedarán en manos de las diputaciones.

De esta forma las diputaciones se convertirán en "gestoras centralizadora" de servicios públicos de orden menor.

Ha añadido que la delimitación de competencias tendrá consecuencias en las comunidades autónomas y en la propia Administración General del Estado.

Interventor y secretario

Finalmente, ha informado de que el proyecto de ley de reforma local recupera la figura del interventor y la del secretario municipal, lo que supone "una vuelta a lo que ya tuvimos en España y nunca debimos perder".

Montoro ha justificado la recuperación de esta figura en lo que supone de objetividad y transparencia en las decisiones políticas en los presupuestos públicos.

Se trata -ha dicho- de una reforma de competencias para hacer válido y real el principio que anunció el Gobierno en el discurso de investidura: Una administración, una competencia".