La Fiscalía ha presentado ante los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife una denuncia por un posible delito de tráfico de influencias contra los cinco integrantes de la mesa de valoración que asesoró al Gobierno canario en el reparto de las licencias de radio en FM convocadas en 2010
La Fiscalía Provincial de Tenerife toma
esta decisión tras comprobar que el 8 de abril de 2011 la mesa de
valoración de ese concurso aprobó unos criterios para puntuar las
distintas ofertas presentadas "que no estaban previstos en las bases
publicadas".
"Por tanto, pudieran haber beneficiado a sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros que, de haberlas conocido con anterioridad, hubieran modificado sus ofertas, resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han concentrado la mayor parte de las licencias", asegura la fiscal de Delitos Económicos de Tenerife, María Farnés, en su denuncia, fechada el 12 de junio, pero hecha pública hoy.
En consecuencia, el Ministerio Público pide al Juzgado de Guardia en la capital tinerfeña que cite a declarar en calidad de imputados en un delito de tráfico de influencias a los cinco miembros de esa mesa de valoración: Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Bercedo Toledo y José Luque Brito.
Polémica
El concurso de licencias de radio en FM ha provocado una intensa polémica entre partidos políticos y medios de comunicación en Canarias en los últimos meses e incluso ha generado discrepancias entre las fuerzas políticas que componen el Gobierno autonómico.
De hecho, los consejeros del PSOE se salieron de la sala del Consejo de Gobierno el pasado 4 de abril de 2012 y dejaron solos a sus socios de CC cuando se aprobó el decreto que recoge el reparto de frecuencias, por discrepar de cómo se había seguido todo este proceso, según ha reconocido públicamente su secretario general y vicepresidente de la comunidad autónoma, José Miguel Pérez.
Algunas de las empresas que se sienten perjudicadas por ese reparto de licencias ya han anunciado que recurrirán el concurso ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, pero el caso da ahora un paso más y será examinado en el orden penal.
La Fiscalía ha tomado la decisión de llevar este reparto a los juzgados de instrucción tras haber hecho una investigación preliminar de este expediente a petición del letrado de Radio El Día, Juan Miguel Munguía Torres, al que ayer comunicó formalmente que aprecia indicios de delito en el concurso y presenta denuncia.
Documentos
El Ministerio Público basa sus sospechas no sólo en nuevos criterios aprobados por la mesa de valoración en abril de 2011, sino en una serie de documentos aportados este año por Munguía Torres en una memoria USB, para poner en su conocimiento que "algunas de las ofertas presentadas han sido creadas con posterioridad a la fecha de apertura de los sobres (31 de enero de 2011)".
La Fiscalía pide al juzgado que asuma estas diligencias que solicite al Gobierno de Canarias el expediente administrativo completo de este concurso y que tome declaración a dos testigos: al representante legal de Radio El Día -los denunciantes- y al presidente de Islas Airways y del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción Cáceres, empresario que obtuvo varias licencias.
Además, propone que se encargue un informe pericial para determinar si alguna de las ofertas de las empresas que finalmente obtuvieron licencia "fueron realizadas con posterioridad a la fecha en que fueron abiertos los sobres que contenían las mismas".
Fuentes del Gobierno de Canarias han indicado a Efe que ni el Ejecutivo ni los miembros de la mesa de valoración tenían constancia esta mañana de esa denuncia de la Fiscalía.
"Por tanto, pudieran haber beneficiado a sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros que, de haberlas conocido con anterioridad, hubieran modificado sus ofertas, resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han concentrado la mayor parte de las licencias", asegura la fiscal de Delitos Económicos de Tenerife, María Farnés, en su denuncia, fechada el 12 de junio, pero hecha pública hoy.
En consecuencia, el Ministerio Público pide al Juzgado de Guardia en la capital tinerfeña que cite a declarar en calidad de imputados en un delito de tráfico de influencias a los cinco miembros de esa mesa de valoración: Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Bercedo Toledo y José Luque Brito.
Polémica
El concurso de licencias de radio en FM ha provocado una intensa polémica entre partidos políticos y medios de comunicación en Canarias en los últimos meses e incluso ha generado discrepancias entre las fuerzas políticas que componen el Gobierno autonómico.
De hecho, los consejeros del PSOE se salieron de la sala del Consejo de Gobierno el pasado 4 de abril de 2012 y dejaron solos a sus socios de CC cuando se aprobó el decreto que recoge el reparto de frecuencias, por discrepar de cómo se había seguido todo este proceso, según ha reconocido públicamente su secretario general y vicepresidente de la comunidad autónoma, José Miguel Pérez.
Algunas de las empresas que se sienten perjudicadas por ese reparto de licencias ya han anunciado que recurrirán el concurso ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, pero el caso da ahora un paso más y será examinado en el orden penal.
La Fiscalía ha tomado la decisión de llevar este reparto a los juzgados de instrucción tras haber hecho una investigación preliminar de este expediente a petición del letrado de Radio El Día, Juan Miguel Munguía Torres, al que ayer comunicó formalmente que aprecia indicios de delito en el concurso y presenta denuncia.
Documentos
El Ministerio Público basa sus sospechas no sólo en nuevos criterios aprobados por la mesa de valoración en abril de 2011, sino en una serie de documentos aportados este año por Munguía Torres en una memoria USB, para poner en su conocimiento que "algunas de las ofertas presentadas han sido creadas con posterioridad a la fecha de apertura de los sobres (31 de enero de 2011)".
La Fiscalía pide al juzgado que asuma estas diligencias que solicite al Gobierno de Canarias el expediente administrativo completo de este concurso y que tome declaración a dos testigos: al representante legal de Radio El Día -los denunciantes- y al presidente de Islas Airways y del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción Cáceres, empresario que obtuvo varias licencias.
Además, propone que se encargue un informe pericial para determinar si alguna de las ofertas de las empresas que finalmente obtuvieron licencia "fueron realizadas con posterioridad a la fecha en que fueron abiertos los sobres que contenían las mismas".
Fuentes del Gobierno de Canarias han indicado a Efe que ni el Ejecutivo ni los miembros de la mesa de valoración tenían constancia esta mañana de esa denuncia de la Fiscalía.
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