El drama de los desalojos en España

El desalojo es el modo de privar a los inquilinos de una vivienda alquilada o hipotecada de su uso, mediante una resolución judicial de desahucio que, por el impago de algunas cuotas, da por finalizado el contrato. El desahucio y su posterior desalojo obligan a los arrendatarios al abandono de la residencia, aunque sea esta la única.

En noviembre del 2009, en pleno hundimiento de la actividad empresarial  y del empleo, con un gobierno del Partido Socialista Obrero Español entró en vigor el llamado Desahucio Express. Esta fue una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil que aceleraba, entre otros, los distintos trámites para que los arrendadores -los propietarios legítimos- recuperaran los inmuebles en caso de impago del alquiler o de morosidad. En el ámbito bancario español se suele aplicar la consideración de morosidad a partir del tercer recibo impagado.

En esa misma legislatura, desde el 31 de Octubre de  2011, con la entrada en vigor de la Ley 37/2011se volvieron a agilizar los trámites, al reconocerse la posibilidad de, si el inquilino permanecía pasivo tras la notificación de la demanda o rehusaba recibirla, proceder al desalojo de la vivienda sin necesidad de celebrar juicio.

En todo este tiempo, la norma de la banca española con respecto a los impagos hipotecarios, ha sido solicitar la ejecución del desahucio y desalojo con cuatro recibos impagados. Esto ha supuesto, según informa el Consejo General del Poder Judicial, que, desde que se agudizó la crisis económica en 2008 hasta final de 2011, se hayan tramitado 166.700 expedientes. Se trata de un promedio de 41.675 desahucios judiciales al año, de más de 144 al día, todos los días del año.

Estamos hablando de que en España, un estado constituido como social y democrático de derecho (Artículo1.1. de la Constitución Española), en contra del derecho humano básico a la vivienda, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el referente que conforma las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce (Artículo 10.2.), miles y miles de ciudadanos y ciudadanas han sido puestos en la calle, en estos últimos años de recesión económica, legalmente y sin más contemplaciones.  

Y eso a pesar de que en el estado español los ciudadanos y las ciudadanas y las familias que fundan -que tienen, de forma específica, asegurada la protección social, económica y jurídica (Artículo 39.1.)-, tienen, además, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada reconocido constitucionalmente (Artículo 47.), lo que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones y establecer las normas que hagan efectivo ese derecho, impidiendo, sobremanera, la especulación con el suelo urbanizable.

El escándalo de la especulación inmobiliaria, promovida por los bancos españoles y financiada por la todopoderosa banca europea, tras años de desmesuradas y temerarias plusvalías, estalló en 2007 en el fiasco de la quiebra de muchas de las constructoras y la bancarrota de casi todo el sector bancario, torpemente disimulada, aún hoy en día, por los medios políticos y de comunicación al servicio de las cúpulas financieras. Esta mayúscula trampa de enriquecimiento ilícito ha puesto en evidencia la mayúscula corrupción política y administrativa de las élites de poder en nuestro país y ha provocado un enorme empobrecimiento para gran parte de la ciudadanía.

Y las cosas continúan así: el actual gobierno del Partido Popular, ante la tragedia de tanta y tanta gente que pierde sus viviendas por motivos ajenos a su voluntad y responsabilidad, ha elaborado un decreto ley para favorecer a las familias en riesgo de exclusión social, el cual, recoge un Código de Prácticas Bancarias -¡de carácter voluntario!- al que se han opuesto PSOE –que, ahora, sí- y UPyD, por considerar que sus requisitos dejan fuera al 96% de las familias.

Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.

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