Ajustes y recortes en educación (II)

Por mucho que cueste a algunos entenderlo, los poderes públicos deberían intentar gestionar lo mejor posible los recursos que los contribuyentes aportan con sus impuestos y ofrecer la mejor calidad en esos servicios que se pueda financiar, no la que esos políticos quisieran imaginar.  Esto es particularmente cierto en el caso de la educación y la formación reglada, no reglada y ocupacional, consideradas como un todo, al margen de que la actual regulación o distribución de competencias y presupuestos esté asignada a la Consejería de Educación, Ministerio del ramo o a cualquier otra institución. En la ciencia económica a eso se le llama optimizar la asignación de recursos escasos y generar sinergias.  De nada vale, salvo a efectos de propaganda para endosar la culpa a otros de las propias carencias, culpar al Gobierno Central de las disfunciones o los despilfarros autonómicos.  Eso es muy común para obtener réditos políticos, sobre todo los nacionalismos con una buena dosis de victimismo, cuando unos sólo gastan y malgastan mientras que otros han de recaudar y condenar a los contribuyentes a vivir en un infierno fiscal cada vez más pavoroso, pero que es el paraíso para tanto émulo aventajado de Robin Hood.

A mi modo de ver, mucha gente quiere vivir en una Sociedad del Bienestar, recibiendo prestaciones y servicios públicos proporcionales a las contribuciones que viene haciendo desde que recibió su primer sueldo o se estableció como autónomo.  Eso sin perjuicio de considerar razonable que una parte de esa bolsa de recursos comunes, se destine a la solidaridad con los más desfavorecidos.  Pero muy probablemente esas mismas personas no desean vivir en un Estado del Bienestar, donde los poderes públicos definen lo que es bueno para el ciudadano, otorgan “derechos sociales” y que, en vez de limitarse a supervisar y controlar que se presten los servicios adecuadamente, pretenden con sus empleados públicos, comisarios políticos o comités revolucionarios ocupar todas las facetas de la vida pública y acoplarlas a su ideología.  Eso es propio de sociedades totalitarias, desde las dictaduras de derechas y fascismos hasta los actuales paraísos socialistas de la ralea cubana o norcoreana.

Es indudable que por el hecho de vivir en Canarias se gozan de ciertas ventajas pero también se padecen desventajas, algunas derivadas de ser islas, entre otras la movilidad o la dificultad para concentrar recursos y producir sinergias. Esto es particularmente evidente en el campo de la educación o la sanidad.  Mucho se ha dicho y se ha querido alarmar a la población agitando manidos tópicos con el asunto de los “recortes” en esas áreas, sin analizar que en la inmensa mayoría de los casos se trata de “ajustes” necesarios para poder alcanzar un mínimo de calidad que sea sostenible, palabro tan del gusto de esos grupos autodenominados progresistas.

Uno de esos topicazos, expresiones vulgares o triviales según el DRAE, es el intentar centrar el problema educativo de Canarias y medir su calidad en el mayor o menor ratio de alumnos por profesor y no en el análisis real del origen de los pésimos resultados adquiridos por los educandos.  Estos son las auténticas víctimas del sistema, como se ha verificado en los sucesivos informes PISA.  Los padres comprueban esa evidencia cotidiana con la percepción real o intuitiva de esa carencia de conocimientos elementales de sus hijos, de cultura general se decía antaño.  Y eso ha ocurrido después de que la “secta pedagógica” fagocitara con sus fracasadas teorías el sentido común de los que gobiernan al profesorado de base, muchos de ellos motejados por los que siguen en las aulas de “desertores de la tiza”, o del posmoderno rotulador y cañón de proyección informático.

Para muestra, algunas cifras canarias.  Con datos oficiales del curso 2008/9, hubo 338.012 alumnos no universitarios y 27.208 profesores en régimen ordinario (otros 1.410 en régimen especial), lo que implica un ratio medio de 12,43 alumnos por profesor, valor intermedio situado dentro del intervalo máximo y mínimo exigido por la Consejería.  En la enseñanza universitaria, para un total de 44.562 alumnos había 3.256 profesores, es decir 13,68 alumnos por profesor en promedio.

Es de sobra conocido que las medias son eso, medias, y que hay casos por encima y por debajo.  Y es en esos casos extremos donde pueden y deben producirse los ajustes, reasignando recursos o desdoblando, suprimiendo centros o reagrupándolos en unidades mayores que sean sostenibles y solventes, tanto económica como académicamente.  Por ejemplo, en un municipio grancanario cercano a la capital, no muy extenso y con menos de 19.000 habitantes, para unos 3.800 jóvenes menores de 19 años, hay una oferta pública de dos IES, tres CEIP y cuatro colegios unitarios (con 19 alumnos el que más tiene).  Eso sin contar con la oferta privada, tanto en infantil, la más numerosa, como en enseñanzas medias.  Todos con esas ratios sensiblemente más bajas.

En el ámbito universitario también hay titulaciones que tienen muy difícil justificar su continuidad en función del número de matriculados. Resultaría socialmente muchísimo más barato y eficiente facilitarles cursar esa carrera en un centro de mayor capacidad que, muy probablemente, estará mucho mejor dotado de aparatos, laboratorios, capacitación del profesorado, etc., becando a aquellos alumnos que lo necesiten realmente y que justifiquen su rendimiento escolar. Como ejemplo y según el último anuario estadístico del ISTAC (2008), podrían citarse las titulaciones de Ingeniería Naval con 97 matriculados, Ingeniería Electrónica con 14, Ingeniería Radioelectrónica Naval con 8 o la Licenciatura en Ciencias Estadísticas con 29.  

En resumen, a la vista de los datos y de los pésimos resultados del sistema educativo en Canarias, cabe y deben producirse ajustes racionales y recortes en todo aquello que no sea justificado para el bien común y la sostenibilidad del sistema, no sólo de un pequeño grupo de docentes o de la inmensa legión de administrativos y políticos que dicen gestionar la educación en Canarias.