El Gobierno tramita el anteproyecto de Ley de estabilidad presupuestaria

Como consecuencia de estos cambios normativos, el Ejecutivo canario incorporará los mecanismos necesarios para cumplir con los nuevos principios constitucionales que deberán regir el sector público autonómico.

"El objetivo principal es asegurar el sostenimiento de las finanzas públicas canarias y garantizar con ello los servicios públicos esenciales", afirmó Marrero.

De los aspectos principales de la nueva norma, el portavoz destacó "la obligación, por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de realizar un continuo seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria".

Con ello se pretende ajustar el gasto público a los nuevos principios de estabilidad y "tomar las medidas necesarias, en caso de riesgo de incumplimiento, para garantizar la sostenibilidad financiera".

Entre esas medidas cautelares "se encuentra la posibilidad de decretar la no disponibilidad de todos o de algunos de los créditos del presupuesto o la prohibición expresa de realizar actuaciones que generen gastos en cualquier momento del ejercicio económico anua"l.

El anteproyecto de ley prevé el procedimiento para elaborar "un plan económico-financiero en caso de un posible incumplimiento del objetivo de estabilidad" así como "un plan de reequilibrio en el supuesto de que la Comunidad Autónoma incurra en déficit estructural o supere los límites de deuda pública".

En ese sentido, la transparencia será uno de los principios que regirá esta actuación ya que se dispone la obligación de publicar y difundir estos planes.

También se establecerá un fondo de contingencia, como partida diferenciada, que se destinará a atender necesidades no previstas en los presupuestos anuales inicialmente aprobados y que puedan presentarse durante el ejercicio.

"La dotación de este fondo será del 0,1 por ciento del total de gastos consignado", dijo Marrero.

DISTINCIÓN DE LA DEUDA
Por otra parte, la Ley Orgánica estatal de estabilidad presupuestaria establece un máximo del 13 por ciento del PIB como límite de deuda para todas las comunidades autónomas en el horizonte del año 2020. Además, obliga a las autonomías, independientemente de su volumen de deud,- a destinar de forma prioritaria sus fondos al pago de su endeudamiento.

Según recordó el porttavoz, Canarias se encuentra por debajo de ese límite ya que es de las autonomías con menor deuda, pues según los datos del Banco de España al cierre de 2011, "mantenía un 8,8 por ciento frente al 13 por ciento de la media del conjunto o el 20 por ciento de Cataluña o la Comunidad Valenciana".

Por tanto, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado "que no trate por igual a todas las comunidades autónomas y que permita salvedades con aquellas autonomías que ya cumplen con el máximo autorizado".

Con ello, el portavoz ha recordado que el Ejecutivo pretende que el Gobierno central "permita destinar recursos, una vez cumplido el límite de deuda, a otras políticas y programas dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo".