Sancionados 89 complejos turísticos

MASPALOMAS AHORA/ AGENCIAS.- El consejero de Turismo del Gobierno canario, Manuel Fajardo Feo, detalló ayer en el Parlamento regional que el Gobierno canario en los últimos años ha sancionado a 89 establecimientos extrahoteleros por no cumplir con el principio de unidad de explotación. El titular de la Consejería aclaró que la mitad de los establecimientos sancionados están radicados en Gran Canaria, con 44, mayoritariamente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Otros 38 complejos se sitúan en Tenerife, en las localidades de Adeje y de Arona, cinco en Lanzarote, en los términos municipales de Haría, Yaiza, Teguise y Tías y los dos últimos en Fuerteventura, en el núcleo de Antigua. No obstante, Manuel Fajardo quiso relativizar esta cifra, puesto que “a lo largo de los últimos años hemos realizado un total de 1.514 inspecciones para comprobar que se cumplía con el principio de unidad de explotación”. Fajardo destacó que “el principio de unidad de explotación persigue equiparar el régimen de explotación de los apartamentos turísticos y de los establecimientos hoteleros, de forma que la dirección, comercialización y explotación de unos y otros se realice desde planteamientos turísticos que satisfagan al usuario, que los servicios que se presten den cierto valor añadido al alojamiento”. El consejero de Turismo puntualizó que también se había programado una moratoria hasta el primer trimestre de 2005 para aquellos establecimientos anteriores a la normativa en los que al menos el 50% del complejo debería de cumplir con el principio de unidad de explotación”. Por su parte, el Grupo Popular, que instó la comparecencia de Manuel Fajardo, consideró relevante que se “ejerza una mayor vigilancia sobre los complejos extrahoteleros que hayan sido dados de baja por no cumplir con el llamado principio de unidad de explotación, que no haya dejadez en la función inspectora, puesto que sospechamos que se sirven del contrato de arrendamiento urbano para alquilar por temporada estos apartamentos, es decir, persiguiendo un fin turístico”, adujo el diputado Fernando Toribio. El representante del Grupo Popular en la Cámara regional expuso en la comisión que “en las Islas existe un número importante de apartamentos que han perdido su catalogación como turísticos por no adaptarse a este principio, pero que siguen de forma alegal en el mercado a través del alquiler por temporada”. Toribio Fernández apuntó también que “este hecho crea distorsiones, puesto que estos alojamientos que no se acogen a la normativa de la unidad de explotación han pasado a ser viviendas residenciales en áreas turísticas y por ello hay que arbitrar los mecanismos legales necesarios para que no pueda encubrirse el uso turístico con la figura del alquiler por temporada, algo que pasaría si se acomete una modificación de la ley estatal de los arrendamientos de tipo urbano”. En este sentido, respondió el consejero de Turismo, “no ha habido por parte de nuestro departamento dejación de las funciones inspectoras”, pero aclaró que “la legislación vigente le da la potestad a los cabildos para sancionar, puesto que son estas administraciones las que se encargan de tramitar las aperturas y las competentes para proceder a la revocación de la autorización a aquellos establecimientos que no se hayan adaptado.