Asaga advierte que el acuerdo coloca a las Islas en una situación de “total indefensión y vulnerabilidad, lo que puede dar lugar a una pérdida mayor de superficie de cultivo, así como de la actividad que genera”
La Asociación de
Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Canarias ha calificado la
ratificación del Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos para la
liberalización del comercio de productos agrícolas, entre los que se
incluye el tomate, de “auténtico batacazo” para el sector tomatero de
Canarias.
Asaga advierte que el acuerdo coloca a las Islas en una situación de “total indefensión y vulnerabilidad, lo que puede dar lugar a una pérdida mayor de superficie de cultivo, así como de la actividad que genera”. Denuncian que, a pesar del respaldo de la mayoría de votantes del Parlamento Europeo, no se ha contemplado el impacto social, medioambiental y económico que su firma va a producir.
El colectivo recuerda en un comunicado que, desde la entrada en vigor en el año 2000 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, este país “se ha saltado los límites de los contingentes establecidos para su fruta, campaña tras campaña”, lo que ha provocado una “invasión del tomate marroquí” que entra a los mercados comunitarios a precios más bajos y, como consecuencia, produce “un hundimiento del precio de venta del producto local, dando lugar a la reducción de la superficie de cultivo y a la caída de la renta de los agricultores canarios”, reivindica.
Asimismo, explica que el principal factor que afecta a la composición de los precios del tomate es el coste de mano de obra. En Marruecos, los salarios que perciben los trabajadores agrícolas son del orden de unos 220 euros al mes con jornadas de ocho horas de lunes a domingo, mientras que en Canarias el sueldo para 40 horas trabajadas se sitúa en torno a los 800 euros netos.
Una diferencia salarial, según indica, se ve reflejada en los precios finales, por lo que el producto producido en el Archipiélago bajo unas condiciones específicas de insularidad, lejanía y limitación del territorio “no puede competir de la misma manera que un tomate marroquí”.
Además, desde la Asociación señalan que la seguridad y calidad alimentaria es otro de los aspectos que las producciones de Rabat “incumplen con frecuencia ante la falta de legislación en esta materia”. Afirman que “de sobra es conocido que las multinacionales instaladas en este país se saltan el concepto de “buenas prácticas agrícolas y emplean productos fitosanitarios que en Europa están prohibidos, con las graves consecuencias que este uso inadecuado puede tener para la salud de los consumidores europeos y el medio ambiente”.
El sector hortofrutícola canario entiende que la concesión de un mayor margen de libertad comercial para Marruecos se traduce en” un castigo” a las producciones españolas, y en concreto a las del Archipiélago, por lo que insta a la administración a “centrar sus esfuerzos para que las autoridades comunitarias establezcan compensaciones económicas que ayuden a paliar dichas pérdidas”.
También exige que se apliquen las cláusulas del Acuerdo con “total rigor”, para “impedir más fraudes e irregularidades en las importaciones, así como nuevos incumplimientos sistemáticos de las condiciones, cantidades, calendarios y precios de entrada de productos importados de este país”.
Asaga Canarias reclama una nueva reglamentación comunitaria para evitar “interpretaciones ambiguas” que puedan desvirtuar los convenido, además de poner en marcha “recursos suficientes para que la Unión Europea cree una verdadera frontera común y determinados puertos europeos dejen de ser un coladero para la entrada de estas mercancías”.
Asaga advierte que el acuerdo coloca a las Islas en una situación de “total indefensión y vulnerabilidad, lo que puede dar lugar a una pérdida mayor de superficie de cultivo, así como de la actividad que genera”. Denuncian que, a pesar del respaldo de la mayoría de votantes del Parlamento Europeo, no se ha contemplado el impacto social, medioambiental y económico que su firma va a producir.
El colectivo recuerda en un comunicado que, desde la entrada en vigor en el año 2000 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, este país “se ha saltado los límites de los contingentes establecidos para su fruta, campaña tras campaña”, lo que ha provocado una “invasión del tomate marroquí” que entra a los mercados comunitarios a precios más bajos y, como consecuencia, produce “un hundimiento del precio de venta del producto local, dando lugar a la reducción de la superficie de cultivo y a la caída de la renta de los agricultores canarios”, reivindica.
Asimismo, explica que el principal factor que afecta a la composición de los precios del tomate es el coste de mano de obra. En Marruecos, los salarios que perciben los trabajadores agrícolas son del orden de unos 220 euros al mes con jornadas de ocho horas de lunes a domingo, mientras que en Canarias el sueldo para 40 horas trabajadas se sitúa en torno a los 800 euros netos.
Una diferencia salarial, según indica, se ve reflejada en los precios finales, por lo que el producto producido en el Archipiélago bajo unas condiciones específicas de insularidad, lejanía y limitación del territorio “no puede competir de la misma manera que un tomate marroquí”.
Además, desde la Asociación señalan que la seguridad y calidad alimentaria es otro de los aspectos que las producciones de Rabat “incumplen con frecuencia ante la falta de legislación en esta materia”. Afirman que “de sobra es conocido que las multinacionales instaladas en este país se saltan el concepto de “buenas prácticas agrícolas y emplean productos fitosanitarios que en Europa están prohibidos, con las graves consecuencias que este uso inadecuado puede tener para la salud de los consumidores europeos y el medio ambiente”.
El sector hortofrutícola canario entiende que la concesión de un mayor margen de libertad comercial para Marruecos se traduce en” un castigo” a las producciones españolas, y en concreto a las del Archipiélago, por lo que insta a la administración a “centrar sus esfuerzos para que las autoridades comunitarias establezcan compensaciones económicas que ayuden a paliar dichas pérdidas”.
También exige que se apliquen las cláusulas del Acuerdo con “total rigor”, para “impedir más fraudes e irregularidades en las importaciones, así como nuevos incumplimientos sistemáticos de las condiciones, cantidades, calendarios y precios de entrada de productos importados de este país”.
Asaga Canarias reclama una nueva reglamentación comunitaria para evitar “interpretaciones ambiguas” que puedan desvirtuar los convenido, además de poner en marcha “recursos suficientes para que la Unión Europea cree una verdadera frontera común y determinados puertos europeos dejen de ser un coladero para la entrada de estas mercancías”.








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