El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana procedió hoy jueves al desprecinto del Hotel Vital Suites de Playa del Inglés, en cumplimiento a un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Las Palmas
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La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ejecutó ayer miércoles el precinto del establecimiento, sin embargo, quince minutos después, el referido juzgado dictó la suspensión del precinto.
La Alcaldía ordenó mediante oficio la petición judicial que se realizó a media mañana.
El complejo hotelero había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del pasado 3 de diciembre de 2008, por el que se impone al referido hotel la sanción de clausura.
Asimismo, solicitó que se acuerde como medida cautelar provisionalísima la suspensión del acta de precinto, que fue notificada el pasado día 1 de diciembre de 2011.
El Ayuntamiento tiene un plazo de tres días presentar las alegaciones que considere procedente y que tramita el departamento jurídico municipal para su remisión al juzgado.
Sanción
La sanción impuesta a la entidad consiste, además, en una multa de 9.165.000 euros y la obligación de demoler el orden de la edificación ampliada, una planta y 1.700 metros cuadrados más de lo especificado en la licencia de obra.
El decreto, que data del 10 de enero de 2011, exige a los gestores de Vital Suites presentar el proyecto de demolición así como abonar el importe total de dicha multa al Ayuntamiento en el plazo estipulado, informó el Consistorio.
Con esta medida, la administración cumple con la sentencia que sobre Vital Suites dictó el Tribunal Supremo en 2008 y que obliga al Ayuntamiento a abrir un expediente sancionador a la empresa gestora del establecimiento, Surfing Club Águila Playa SL, por un exceso de construcción y por carecer de licencia de apertura.
Sociosanitario
El complejo, que inicialmente iba a ser sociosanitario, recibió además el pasado diciembre una denuncia por desobediencia del concejal de Disciplina Urbanística, David Delgado, quien está imputado junto al ex alcalde, José Juan Santana, por un delito de presunta prevaricación administrativa y desobediencia grave.
En este sentido, el decreto reconoce que las obras son “ilegalizables” a pesar del intento de legalización a través de un convenio -suscrito por Santana- el cual fue anulado y sancionado por la jurisdicción contencioso-administrativa, por el que el Ayuntamiento debía abonar 1.135.000 euros a la empresa gestora.
Por todo ello, “el proyecto que se ha de presentar es el de demolición de lo indebidamente construido y no otro”, añade el decreto.
rosa | Miércoles, 04 de Enero de 2012 a las 23:40:42 horas
¿ Y que dice ahora el Borbón? ¿La justicia es igual para todos? Ja.
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