Justicia Social

    La situación de deterioro social que vivimos en Canarias en estos momentos es brutal y profundamente inhumana y lejos de querer detenerse parece que viaja a lomos de un caballo desbocado y sin bridas. Los datos que nos hacen llegar cada día los medios de comunicación, observatorios y organizaciones son cruelmente elocuentes, alarmantes. Verlos todos juntos es desesperanzador. Pero es una dura realidad ante la que no podemos cerrar los ojos, ante la que debemos actuar con decidida contundencia.

     El 15,94% de las familias de esta tierra (una de cada seis) tiene a todos sus integrantes en paro; Canarias, tras Andalucía, es la Comunidad con mayor índice de miseria (30,61%, ocho puntos por encima de la media estatal) y con mayor número de parados (329 mil personas, un 29,5% de la población activa) y solo el 55% de parados recibe prestaciones; la tasa de paro de los jóvenes ronda el 60%; 136.000 familias isleñas sobreviven con menos de 6.000 euros; el 22,5% de los hogares tiene una renta mensual inferior a 750 euros y ocupamos el segundo lugar en sueldos más bajos; 15.885 unidades familiares sobreviven con unos ingresos inferiores a 180 euros mensuales y 95.000 tienen unos ingresos que oscilan entre los 180 y los 350 euros; la cesta de la compra es de las más caras; los salarios son un 17 % más bajos, multiplicando por dos la brecha entre canarios y peninsulares (el 65,8% de los asalariados cobra menos de 1.000 euros mensuales); el 72,8 % de las familias (frente a la media española del 59%) llega con dificultad a final de mes; tenemos el porcentaje más alto de ciudadanos (el 59,3%, 23 puntos por encima de la media) que carecen de recursos para hacer frente a gastos imprevistos; con Extremadura encabezamos el ranking  de familias con menores ingresos y por tanto con mayor riesgo de pobreza (31,1%); el 35,1% de la población, una de cada tres personas, está en condiciones de vida inestable; un 42,5% de nuestros hogares se encuentran en situación de integración precaria, un 19,4% en exclusión compensada y un 12,7% en exclusión severa; 567.520 personas se encuentran bajo el umbral de la pobreza; en lo que va de año Cáritas  ha  atendido a casi veinte mil familias con alimentos y ayudas para pagar el agua y la luz; la mendicidad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria se ha multiplicado por tres; más de trescientas mil personas están siendo atendidas por los servicios sociales municipales para poder sobrellevar la situación; 10.905 negocios echaron el cierre en Gran Canaria el año pasado; el aumento del consumo de drogas como la heroína es alarmante; nuestras menores siguen liderando el número de embarazos; lideramos también la lista de malos tratos desde el año 2007…

     Mientras todo esto ocurre observamos como, según Redesscan, la Prestación Canaria de Inserción solo atiende a unas 7.000 personas de un potencial de 725.OOO (apenas un 1%) y nuestra Comunidad,  que es la segunda que menos invierte en Servicios Sociales, recorta un 14% sus presupuestos destinados el próximo año a esta área y elimina de un plumazo, según ha denunciado y está combatiendo en estos días la FECAM, los dos millones que siempre se han concedido para la rehabilitación de la vivienda rural, los cuatro destinados para las ayudas más perentorias de emergencia social y los seis que demandan  las escuelas infantiles municipales. Tampoco nos van a ayudar sin duda a sacarnos del último lugar del marcador de Excelencia Educativa, de los datos descorazonadores del informe PISA, ni del penúltimo en Sanidad según el Barómetro Sanitario, los recortes de 600 millones de euros que han sufrido Sanidad y Educación en los últimos tres años. La situación pinta pero que muy mal para el Estado del Bienestar, para la Justicia Social, para el futuro de este archipiélago.

Este texto no pretende ser un ataque  contra nadie en concreto, al fin y al cabo, la mayoría de los partidos políticos han tenido que ver con la administración de los recursos públicos en los últimos años, pero si que debe ser una llamada a la reflexión frente a la incapacidad de dar respuesta a una situación de deslegitimación de la política y la democracia frente a los mercados, frente al neoliberalismo más dañino, que coloca a un porcentaje de ciudadanos en una posición de fragilidad social peligrosísima; que favorece la apertura de enormes brechas de inseguridad y vulnerabilidad sociales y, más tarde,  fractura la cohesión social y abre paso a situaciones antidemocráticas populistas o de violencia.

    Ahora, más que nunca, tenemos que poner en marcha todo lo que esté en nuestras manos para corregir, hasta donde podamos, las anomalías de un sistema que, en el desvarío insaciable en que se encuentra, dispara las diferencias de oportunidades entre la ciudadanía y margina hasta la extenuación a la mayoría de la población. Ahora, más que nunca, la democracia tiene que servir para generar una economía productiva que favorezca a la globalidad y no solamente para seguir haciendo muy ricos a unos pocos. No se puede permitir entonces que los cimientos de la recuperación se basen en el sacrifico de una  colectividad que no ha tenido nada que ver con la crisis. No podemos admitir  que la salvación de la economía y la reflotación del capitalismo se haga auspiciando desequilibrios sociales, insolidaridad y marginación. Y para ello necesitamos derechos asistenciales sólidos ganados a pulso durante décadas y décadas de lucha y hacer todo lo posible para no permitir que se tornen en políticas de caridad al albur del gobierno de turno. Políticas sólidas de empleo y de protección a los parados, un fuerte sistema de salud, una educación para la formación de una nueva ciudadanía, de una nueva economía y de políticas públicas de calidad que impidan la exclusión, deben ser el norte de un gobierno democrático soberano. Es un tremendo error o una tergiversación interesada el insistir en llamar peyorativamente “gasto público” a lo que en realidad es inversión de futuro sin matices. Según V. Navarro, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la Europa de los quince y emplea  solo a una persona adulta de cada diez en sanidad, educación, infancia, servicios sociales, entre otros, frente a Suecia  que da trabajo en estas áreas a una de cada cuatro, lo que sitúa a España también a la cola de la UE-15 en este tipo de empleo.

    Hace unos días el consejero del BCE José Manuel González Páramo decía en El País que “una tasa de paro del 22% pone en entredicho el Estado de bienestar” y en Público Samir Amin, el presidente del Foro Mundial de Alternativas, afirmaba que “sin cambio de sistema, el Estado de bienestar morirá”. Y no duden que esa es la estrategia. Para el capitalismo puro y duro la justicia social, surgida en el siglo XIX para garantizar el  equilibrio de las desigualdades que provoquen los mercados, lo que hace es elevar las cotas de poder de los gobiernos sobre los ciudadanos y limitar libertades a la generación de oportunidades y a las iniciativas privadas, lo que afecta sin duda a la economía. Por eso su oposición frontal al Estado de bienestar que como dice Tony Judt “entraña la protección de la mayoría débil frente a la minoría fuerte y privilegiada” y que nace en los años veinte y treinta del siglo pasado y se consolida con un gran pacto tras la Segunda Guerra Mundial para proteger al trabajador de los “daños colaterales” de los mercados.

    Tiene, por tanto, que elegir el Gobierno de Canarias  el camino a seguir: el de continuar abriendo brechas en la sociedad o el de propiciar políticas sociales integradoras que rompan los desequilibrios y desigualdades para hacer posible la construcción de una comunidad más cohesionada, más igualitaria, más libre, más democrática.

                                _{Antonio Morales Méndez. alcalde de Agüimes}