Cuatro ex alcaldes y un concejal declaran imputados en presuntos delitos de desobediencia grave

Torres y Narváez asisten este miércoles a prestar declaración acusadas por un presunto delito de desobediencia tras la ampliación de la denuncia realizada por la acusación particular que involucra a los alcaldes que gobernaron desde el 2000 hasta la actualidad, y que inició la Fiscalía contra Santana por un presunto delito de prevaricación Administrativa.

Por su parte, David Delgado, está acusado de un presunto delito de desobediencia grave. Ambos declararon este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana con la ausencia del Ministerio Fiscal. Marco Aurelio Pérez (PP), lo hará la próxima semana.

José Juan Santana, quien declinó realizar declaraciones, ha sido imputado porque "tenía conocimiento de las ilegalidades" en su etapa de alcalde y no había actuado.

Por su parte, Delgado, que ocupó el cargo desde mayo de 2007 hasta mayo de 2011, se considera que no clausuró la actividad, ni la sancionó.

El concejal explicó que el pasado 19 de enero de 2010, el Ayuntamiento notificó a la propiedad del establecimiento que se llevaría a cabo el precinto de las instalaciones transcurridos 30 días desde que la medida se aprobó, en la sesión plenaria del 3 de diciembre de 2009.

Sin embargo, a pesar de la orden, en mayo de 2010 las instalaciones permanecieron abiertas y con una ocupación de las plazas de alojamiento al 50%.

Posteriormente, el 10 de junio de 2010, el edil reiteró a la entidad que procediera al obligado precinto de la actividad que desarrolla.

Primera sentencia

La primera sentencia desfavorable al hotel se produjo el pasado año 2003, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había condenado al Ayuntamiento a la apertura de un expediente de restauración de la legalidad y apertura sin licencia, tras la denuncia de un particular en 2000.

El fiscal consideró que existían indicios de prevaricación administrativa y desobediencia grave en la actuación de los denunciados, pues no han acatado una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a sancionar al establecimiento hotelero por edificar una planta de más y abrir sin licencia.

"Es claro que el entonces alcalde tenía conocimiento de las ilegalidades e infracciones contra el planeamiento vigente, y no procedió a la incoación de un expediente para restablecer el orden jurídico perturbado", sostiene la Fiscalía en su denuncia.

Acuerdo

Luego, añade que el responsable de Disciplina Urbanística, David Delgado, "no ha sancionado ni clausurado" la actividad del hotel, a pesar del acuerdo plenario tomado en ese sentido a finales de 2009.

El acuerdo urbanístico se firmó en 2000. La empresa se comprometió y lo hizo a pagar 1.076.388 euros por la planta y los 1.735 metros cuadrados construidos de más, al tiempo que el Consistorio accedió a modificar la ordenanza para legalizar la obra y dar a la parcela uso "turístico de hotel especializado en temas de salud".

Convenio

Durante los años los años 1999 y 2000, los técnicos consideraron “ilegalizable” y “muy grave” el incremento de edificación que fue autorizado para ejecutar un centro médico.