Torres, Delgado y Martel declararán como imputados por un delito de prevaricación

Los imputados han sido citados para el próximo día 29 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de San Bartolomé de Tirajana con el fin de prestar declaración acompañados de un abogado.

El querellante considera que los políticos imputados incurren en una “clara desobediencia” a una resolución judicial de 2009 cuyo mandato expreso, concreto y determinante es el de rebajar los niveles sonoros en locales de ocio nocturno.

Asimismo, asegura que la sentencia es “perfectamente ejecutable”, de hecho, la Corporación no ha aducido causas de imposibilidad legal o material de ejecutarla, por lo que entiende que, solo la desidia y la falta de voluntad de los querellados de dar cumplimiento al fallo judicial son las únicas causas de que la situación medioambiental en la zona “no solo no haya mejorado, sino que sea peor que antes de interponer la demanda” el pasado mes de octubre de 2010.

En noviembre de 2008, el querellante interpuso una demanda en la que declaraba que el Ayuntamiento incumplió el deber de velar por el mantenimiento de un medioambiente adecuado y que, se condene a la Corporación a iniciar un expediente a fin de que se adopten las medidas oportunas para que los niveles sonoros desciendan a tolerables. En consecuencia, el juzgado condenó al Ayuntamiento a que, de manera inmediata incoara el referido expediente.

Sin embargo, dos informes periciales corroboran de nuevo el elevado nivel de ruidos durante el periodo nocturno por encima de lo permitido.

La querella recuerda, incluso, las declaraciones del propio concejal de Disciplina urbanística en aquel entonces al periodico Canarias 7 cuando afirmó, el pasado día 22 de agosto de 2009, que el 70 por ciento del ocio nocturno del municipio “incumple la Ley”.

Esperpénticas

Además, tacha de esperpénticas las declaraciones del ex concejal de Policía, Roberto Martel, realizadas el pasado mes de agosto de 2010, cuando afirmó que los ruidos en el sur son inevitables, “acusando abiertamente a los que contra ellos luchamos, de querer convertir la zona en un cementerio”, precisa la representación del querellante.

Sin clausura

El propio Ayuntamiento remitió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el trámite de ejecución de sentencia, los requerimiento efectuados a varios locales, entre ellos el Shooter, Sacandi y Seven, a fin de que acreditaran si sus respectivas licencias de apertura se ajustaban a lo preceptuado a la Ley dándoles un plazo de tres días y procediendo en caso contrario a su clausura por entender revocada la licencia.

Sin embargo, a pesar de que los requerimientos fueron firmados por el concejal y el secretario en funciones el 23 de octubre de 2009, a día de hoy no se ha clausurado local alguno o “que sepamos” se ha incoado expediente contra los infractores.