MASPALOMAS AHORA.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto en el que obliga al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a iniciar los trámites para corregir las irregularidades detectadas en un complejo turístico de 274 bungalós ubicado junto a una superficie comercial anexa en una parcela de Campo Internacional (Maspalomas), informó hoy el periódico ABC.
Tras tener conocimiento de este auto, el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acordó revisar la licencia de primera ocupación concedida a la empresa Duna Flor en el año 1987, que permitió a esta entidad construir estas infraestructuras.
Además, existen varios fallos judiciales que ponen de manifiesto un exceso de ocupación, edificabilidad y uso en la construcción, además de no haber obtenido la preceptiva licencia de apertura por parte de Turismo y destinar la galería comercial a un uso diferente al autorizado, ya que en vez de funcionar como servicio complementario al establecimiento se encuentra abierto al exterior.
Los recursos que han motivado esta sentencia fueron presentados por 81 empleados y empresarios del centro comercial Faro2, que se vieron perjudicados por las sucesivas fases de ampliación de las instalaciones, en las que el Ayuntamiento autorizó más apartamentos hasta llegar a los 500.
Precisamente ayer, el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, dijo que las administraciones con competencias en esta materia deben ser más «valientes» a la hora de utilizar los planes urbanísticos «para remover cosas que están mal colocadas» y recuperar así el litoral.
Así lo manifestó Fernández antes de intervenir en un taller sobre gestión sostenible de desarrollo social, económico y ecológico de las áreas litorales de la Macaronesia, organizado por los Gobiernos de Canarias, Madeira y Azores, y que se enmarca en el proyecto «Litosost», incluido en el programa comunitario Interreg III-B.
A juicio del director general de Costas, esa valentía implica, «aplicar la ley a rajatabla y no aceptar pasivamente edificaciones que existen pegadas a la costa».
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El TSJC aprecia irregularidades en un complejo turístico de Maspalomas
Viernes, 13 de Abril de 2007
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MASPALOMAS AHORA.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto en el que obliga al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a iniciar los trámites para corregir las irregularidades detectadas en un complejo turístico de 274 bungalós ubicado junto a una superficie comercial anexa en una parcela de Campo Internacional (Maspalomas), informó hoy el periódico ABC.
Tras tener conocimiento de este auto, el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acordó revisar la licencia de primera ocupación concedida a la empresa Duna Flor en el año 1987, que permitió a esta entidad construir estas infraestructuras.
Además, existen varios fallos judiciales que ponen de manifiesto un exceso de ocupación, edificabilidad y uso en la construcción, además de no haber obtenido la preceptiva licencia de apertura por parte de Turismo y destinar la galería comercial a un uso diferente al autorizado, ya que en vez de funcionar como servicio complementario al establecimiento se encuentra abierto al exterior.
Los recursos que han motivado esta sentencia fueron presentados por 81 empleados y empresarios del centro comercial Faro2, que se vieron perjudicados por las sucesivas fases de ampliación de las instalaciones, en las que el Ayuntamiento autorizó más apartamentos hasta llegar a los 500.
Precisamente ayer, el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, dijo que las administraciones con competencias en esta materia deben ser más «valientes» a la hora de utilizar los planes urbanísticos «para remover cosas que están mal colocadas» y recuperar así el litoral.
Así lo manifestó Fernández antes de intervenir en un taller sobre gestión sostenible de desarrollo social, económico y ecológico de las áreas litorales de la Macaronesia, organizado por los Gobiernos de Canarias, Madeira y Azores, y que se enmarca en el proyecto «Litosost», incluido en el programa comunitario Interreg III-B.
A juicio del director general de Costas, esa valentía implica, «aplicar la ley a rajatabla y no aceptar pasivamente edificaciones que existen pegadas a la costa».
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