Banderas y molinillos

Cuando el 30 de septiembre de 2006 ondeó por primera vez una enorme bandera de Gran Canaria situada en la Plaza de los Derechos Humanos, para casi todo el mundo la Plaza de la Fuente Luminosa, la polémica estaba servida.  Sin lugar a dudas, una bandera no es Gran Canaria pero no cabe duda de que es un símbolo en el que muchos vemos reflejado una parte de nuestra identidad y el sentimiento de pertenencia a esta patria chica.  O a la patria grande cuando se iza la bandera nacional o la autonómica en días especialmente significados.

No hay grupo social que no tenga su bandera y sus iconos propios. De una u otra forma, esos símbolos, quieren representar lo que piensa o siente quien la enarbola o los exhibe.  Por eso no hay manifestación antisistema en España en la que falte a la cita la bandera arco iris o la republicana.  O en los conciertos por la paz en el mundo algunos mozalbetes, y también otros ya cargaditos de años pero no de razón, luciendo una camiseta con el “Ché” Guevara ¡un líder guerrillero, pistola al cinto, en una concentración pacifista!  Tampoco faltan banderas roja y gualda cuando se quiere resaltar el concepto de nación unida, por ejemplo en los actos contra el terrorismo de unos pocos asesinos contra todo lo que signifique democracia, o en los encuentros internacionales deportivos, en esos casos acompañados además por el canto “soy español, español, español”.

Es sorprendente recordar como los que negaban la existencia de una crisis económica, alegaban que ese gasto era un gran derroche y que podía dedicarse a otra cosa.  Cabe señalar que el coste anual de mantenimiento del mástil y de las banderas sumado al de instalación, es muy inferior al de un concejal de pueblo, al que también hay que “mantener e instalar” aunque sea un jarrón chino perfectamente prescindible.  Es bien cierto que todo el dinero que se gasta en algo, se podría invertir en otra cosa.  Por eso, con mayor o menor acierto, siempre la oposición se opone a todo.  En el fondo, y en la forma, es su trabajo y su misión, que por cierto, no es reconocida por los gobiernos cuando le piden que arrimen el hombro, es decir, que apoye y sean corresponsable de lo que el ejecutivo hace, aunque sea un disparate justificado a golpe de eslóganes y no con razones.



En el caso de este símbolo de Gran Canaria, cuando se produjo el cambio de color político en el Cabildo, una de las primeras medidas fue ordenar que no se volviera a izar allí la bandera.  Pero como ese enorme dedo vacío, señalando hacia arriba, clamaba al cielo hubo que buscarle otra función, ya que desmontarlo sería hasta para ellos un exceso de sectarismo.  Y entonces a un concejal de Las Palmas de Gran Canaria se le ocurrió que allí se podía instalar un molinillo para producir energía eléctrica, al menos con potencia suficiente para calentar el cafecito nocturno del vigilante de seguridad que pondrían para que no robaran el hilo de cobre de la instalación.  Pero es que además, dijo el iluminado concejal ─eléctricamente hablando─ que ese artilugio absorbería diariamente el CO2 de más de 100.000 vehículos, un tercio del número de personas que hubieran visto la bandera cada día además de dar la bienvenida a quien llega por barco a la ciudad.

Y se pusieron manos al presupuesto. Se instalarían además molinillos, no sólo en ese mástil, transformado ahora en un icono del odio y el rencor político, sino en otros espacios y azoteas de colegios públicos.  Es de suponer que de inmediato, y probablemente a dedo, se adjudicaron los proyectos de ingeniería, no he podido averiguar si se hizo por concurso público.  

En el Parque de las Rehoyas se instaló un molinillo que aún no funciona.  No es seguro de que, pese a eso, no fuera ya oportuna y electoralmente inaugurado. Hay gente que duda si en realidad el artilugio es una escultura móvil de César Manrique, aunque nadie la haya visto moverse, o es un molinillo de diseño posmoderno.  Por experiencias anteriores ya vividas, es de suponer que aún no funciona, a pesar del enorme gasto de dinero público que ha supuesto colocarlo ahí gastado en proyectos, instalaciones, cuadro de mando, etc., por la imposibilidad de que dos administraciones sean capaces de coordinarse en tiempo y forma.  Debiera ser imperativo legal que cuando una obra se inicie, tenga el visto bueno provisional de todos los que han de intervenir y no se produzcan después demoras innecesarias.  Esas disfunciones hacen pensar al ciudadano contribuyente que esta obra concreta, más que una inversión que se autofinanciaría como afirmaban, es una ocurrencia más del gobernante que dilapida el dinero de todos.   Pero ¡que se puede decir que ya no hayan sufrido ustedes!

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