Serenar a los mercados inquietando a la ciudadanía

A las puertas de celebrarse elecciones anticipadas al Gobierno Central, el Estado español se halla en medio de una recesión económica general, debida, en gran medida, a los estragos fraudulentos provocados por la crisis del sector financiero internacional y por el estallido de la “burbuja” inmobiliaria nacional. La ciudadanía está sumida en los peores niveles de endeudamiento, de precariedad laboral y de exclusión social. Y la Administración central, por todo ello, soporta un considerable déficit y una abultada deuda pública, agravados, por la pérdida de fuentes de ingresos tras décadas de políticas fiscales insolidarias, por los importantes préstamos de rescate a los bancos privados sin intervenciones públicas, y a causa de la emergencia social en que nos encontramos, por el creciente gasto destinado a subsidios, en vez de a la decidida creación de empleo público.

Ante estas graves problemáticas, la fuerza política responsable del Gobierno Central, el Partido Socialista Obrero Español concluye la legislatura resolviendo hacer una reforma constitucional. Como colofón a las infructuosas acciones anti crisis del ejecutivo que han llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas, el PSOE decide modificar, por vía de urgencia, la Constitución. Son sus objetivos principales el de poner un límite, supeditado a lo que dicte la Unión Europea, en el déficit y el endeudamiento del conjunto de las Administraciones públicas y el de asegurar que “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.”( 135.3).

Esta controvertida medida, “los socialistas” la llevan a cabo, nada menos que pactando con el Partido Popular, la fuerza política más contraria a sus objetivos, la más desleal con sus políticas y su más importante competidor en las elecciones al gobierno de la nación. Asimismo, realizan esta reforma de espaldas al pueblo, pues, aunque sus efectos, “Los límites de déficit estructural establecidos (…) entrarán en vigor a partir de 2020” (Disposición adicional única. 3), ninguna de las dos formaciones considera necesario solicitar la ratificación, vía referéndum, de la ciudadanía soberana. Aunque, para que éste se realice, solo hace falta la solicitud del 10 % de los miembros del Congreso o del Senado.

La causa mayor para explicar estos inusitados hechos es, según la ministra de economía Elena Salgado, la necesidad de “serenar” a los mercados financieros. Así que no se trata de Democracia, del interés general; se trata, claramente, de dinero, de asegurar a los más ricos que en España, ellos tienen la preeminencia sobre la soberanía legal del Estado y la soberanía política del pueblo.

La ensayista Noreena Hertz ha definido como “usurpación silenciosa” al acoso que, desde hace unas décadas, los conglomerados político-financieros multinacionales están perpetrando sobre las democracias occidentales. Usurpación sustentada en el control de las organizaciones internacionales no democráticas -el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, la Unión Europea- y en la complicidad de las élites de poder de cada país, para despojar a los Estados de estas naciones y a sus ciudadanías de su soberanía legal-política, vaciando de contenido su autoridad y sus derechos democráticos.

Como muestra esta maniobra de los líderes del bipartidismo nacional, hoy en día, esta sustracción de los Estados sociales de derecho democrático es ya ensordecedora y se intenta completar de la manera más indigna: por el crudo dominio, a costa de la justicia y de la solidaridad humanitarias. Pues otra cosa no es esta afrenta: una reforma innecesaria, pues ya existe una ley de estabilidad presupuestaria; una pura contradicción con el contenido del título VII de la Constitución donde se inserta, pues éste estipula las herramientas para que la política democrática prevalezca sobre la economía capitalista; una absurdidad económica, que ningún mercado aceptaría que se le impusiera.

Y es que no falla, a más mercado “libre”, más administración democrática “cautiva”.

_{Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.}

_{http://bienvenidosapantopia.blogspot.com.}