La crisis aumenta en un 31% la demanda de justicia gratuita en Canarias

La crisis aumentó en un 31,3% la demanda de justicia gratuita en Canarias en 2010 con respecto a 2009, incremento que se advirtió sobre todo en la jurisdicción social, según el presidente de la comisión de Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Las Palmas, Javier Monzón. El presidente de la comisión y vicedecano del Colegio ofreció estos datos con motivo del Día de la Justicia Gratuita que se celebra mañana con una jornada de puertas abiertas durante la cual los letrados palmenses de oficio informarán y asesorarán a los ciudadanos. El Colegio de Las Palmas, que cuenta con unos 963 letrados para este servicio, atendió durante el pasado año a 37.734 personas, lo que supone un 3,47 por ciento de la población de su ámbito de influencia, que cifró en un millón de personas. El grado de satisfacción de los ciudadanos que han solicitado este servicio fue de un 7,2 en una escala de 0 a 10, según Monzón. El número de abogados de turno de oficio en España asciende a 36.000 letrados, con una edad media de 41 años y 13,5 años de experiencia, y atendieron el pasado año 1,8 millones de casos. En cuanto a las atenciones efectuadas en aplicación de la ley de extranjería a inmigrantes llegados en pateras y cayucos a Canarias, destacó que este tipo de casos apenas se registran, después de que en 2006 alcanzaran los 19.000 por la oleada que registraban entonces las islas. En cuanto a los problemas surgidos con la aportación económica del Gobierno canario a este servicio, dijo que se han superado y se ha vuelto a normalizar la situación, si bien señaló que los letrados tardan de tres a cuatro meses en cobrar. El Gobierno canario destinó el pasado año 16 millones de euros para atender los servicios de justicia gratuita en las islas debido a que el número de peticionarios es "muy elevado", y lo comparó, por ejemplo, con el dato de la Comunidad Valenciana donde se invierten 24 millones de euros para atender al doble de población que las islas. Destacó que la comunidad que más inversión destinó el pasado año a la justicia gratuita fue Cataluña, con 61 millones de euros; seguida de Madrid, 45 millones de euros; Andalucía, 43, millones; a las que siguen Valencia y Canarias.