Motivos de indignación por una causa constitucional

Iniciamos una nueva etapa de gobierno en los Ayuntamientos, en los Cabildos y en la Autonomía que no parece nos vayan a traer importantes novedades a la ciudadanía en torno a nuestras necesidades más básicas y nuestros anhelos prioritarios. Económicamente, en parte por las limitaciones estructurales de las instituciones renovadas, en parte porque las van a gobernar representantes de las mismas fuerzas políticas que están siendo parte del problema y no de la solución, es poco probable que vayan a haber gratas novedades. Y socialmente, por similares motivos, continuaremos, previsiblemente, subordinados a las inercias de las Administraciones, sin más reconocimiento que el de administrados. Seguimos, la gran mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, sometidos a condiciones de precarización laboral y exclusión económica severas y privados institucionalmente de la consideración y el respeto democráticos que se nos debe. Seguimos empobrecidos e indignados. Y eso que en una economía como la nuestra, fuertemente monetarizada y asalariada, resulta obvio que se precisa de dinero para adquirir los bienes y servicios necesarios de una calidad de vida decente y que, en general, solo se accede a ese dinero obteniendo un empleo, ya que solo una minoría puede vivir de rentas, de beneficios o de abultados salarios. No obstante, los más, llevamos varios años en un círculo vicioso de pérdida de puestos de trabajo y de recesión económica que nos condena a la depauperación, mientras que, paradójicamente, los menos, están aumentando sus riquezas y poder. En apariencia, fatalmente, ¿o es que esta dramática situación puede considerarse injustificada e injusta y, por ello, arbitraria e ilegítima? Desde luego, desde la perspectiva del ordenamiento político y jurídico máximo de nuestro Estado, desde la Constitución Española vigente, nos encontramos ante una fragrante violación del pacto social de legitimidad. La Carta Magna, en su Preámbulo, manifiesta que “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.”. Y para la consecución de esos fines, estipula uno de los diseños de estado social de bienestar más explícitos y coherentes del constitucionalismo contemporáneo. Derechos y deberes políticos, sociales y económicos se articulan en torno a su extensión y aseguramiento, de la única forma que se puede garantizar: estipulando la preeminencia de lo político sobre lo económico y facultando a las autoridades democráticas para intervenir y regir la economía general para el cumplimiento de esos objetivos y “(…) para asegurar a todos una digna calidad de vida.”. No obstante, es tal el alcance del incumplimiento y la vulneración de los mandatos constitucionales que solo pueden explicarse por una persistente y contumaz corrupción política y legal de las élites del poder institucional desde hace décadas. Élites que se han plegado a las pretensiones de la reacción antidemocrática y capitalista orquestada por el Neoliberalismo y facilitada por instituciones internacionales carentes de legitimidad democrática, con la Comunidad Europea a la cabeza. Esas políticas reaccionarias, causa principal de nuestras penurias, son contrarias a la Constitución y mientras no se proceda a la revisión constitucional, como estipula el artículo 95, no se pueden imponer en el ámbito de nuestra soberanía. El próximo 19 de junio hay convocada otra manifestación para la ciudadanía indignada. Por supuesto, voluntaria. Por supuesto, testimonial. Por supuesto, en defensa de los derechos y obligaciones políticos, sociales y económicos que asegura nuestra Constitución.

Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.

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