El Gobierno defiende la evaluación de la FM "ajena a consideración política"

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El trabajo de la mesa de evaluación encargada de evaluar las ofertas presentadas a la adjudicación de frecuencias de radio en FM ha sido "técnico y ajeno a cualquier consideración política o partidista", ha afirmado este jueves el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero. Así lo manifestó Marrero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, en la que aseguró que treinta autos judiciales avalan la continuidad del procedimiento iniciado para adjudicar 156 frecuencias de radio en la Comunidad Autónoma y apoyan las tesis del Ejecutivo regional al tratar una cuestión que es "de interés general". Martín Marrero aseguró que la mesa de evaluación se ha limitado a la "mera" aplicación de las bases del concurso, en unos criterios que han sido aceptados por todos los licitadores, y defendió que el trabajo ha sido ajeno a cualquier consideración política o partidista "en primer lugar por propia voluntad del Gobierno y, en segundo, porque con estas bases es imposible". "Al final, frente a especulaciones y sospechas están los hechos", aseveró Marrero, quien recordó que aún sigue abierto el proceso administrativo, y por lo tanto las empresas que discrepen pueden interponer recursos contenciosos o recurrir a la vía judicial al final del procedimiento, "lo que no presupone que esté mal hecho". El concurso ha sido "absolutamente neutral e imparcial", señaló el portavoz del Gobierno, quien advirtió de que de no haberse convocado este proceso Canarias habría perdido 156 de las 200 frecuencias asignadas en la planificación realizada por el Estado (el resto ya estaban adjudicadas). "Era una demanda unánime y acreditable del sector radiofónico en Canarias no sólo que se convocase el concurso, sino que se hiciera a la mayor urgencia posible", dijo el portavoz. Añadió que por este motivo el Gobierno regional convocó el concurso "con la mayor celeridad posible" y al proceso concurrieron 694 propuestas -pertenecientes a unas 30 empresas- y ninguna de ellas ha impugnado las bases ni los criterios de evaluación. Sí se ha recurrido la convocatoria del concurso o el haber sido excluido por presentar la oferta fuera de plazo y en seis ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado la suspensión del proceso y le ha dado la razón a la Comunidad Autónoma, agregó Marrero. Apuntó que no se incluyó en la convocatoria la potestad introducida en la ley de contratos del Estado de que un Gobierno puede apartarse "motivadamente" de la decisión de una mesa de evaluación, algo que el Ejecutivo canario "podía haber hecho y no hizo, la prueba de que no ha habido criterios políticos". En aras de la máxima transparencia hoy se han publicado en internet las ofertas y la puntuación recibida, prosiguió Martín Marrero, quien señaló que para el concurso se establecieron dieciocho criterios de evaluación basados en cuatro bloques: programación, propuesta económica, tecnológica y fomento del empleo. Estos criterios están "tasados y perfectamente desmenuzados" e incluso se introdujo "una fórmula matemática" para evaluar a las ofertas que resultasen concurrentes, dijo el portavoz, quien detalló que el bloque de mayor peso en el concurso -57 por ciento- era el de programación y tenía más "subcriterios -18-" para evitar la discrecionalidad, con lo que "se hiló más fino". "Es admirable el trabajo hecho por la mesa", afirmó Marrero, quien declaró que ahora las empresas propuestas para la adjudicación tienen un plazo de quince días para presentar información complementaria, básicamente de que están al corriente en los pagos a la Seguridad Social y Hacienda. El secretario general de Presidencia del Gobierno y presidente de la mesa de evaluación, Fernando Ríos, explicó que este órgano volverá a reunirse para verificar si es correcta la información y, de lo contrario, "correrá la lista hasta la siguiente" propuesta, con lo que debería abrirse un nuevo plazo para recibir documentación. La propuesta definitiva corresponde a la Viceconsejería de Comunicación, en un proceso que puede prolongarse entre veinte y veinticinco días, con lo cual la adjudicación de frecuencias quizás sea efectuada por el próximo Gobierno regional. Este hecho es "irrelevante", apuntó Martín Marrero, porque este proceso "es un acto debido y perfectamente reglado" y el Gobierno debe atenerse a lo que diga la mesa de evaluación.