La alcaldesa en funciones de Nueva Canarias de San Bartolome de Tirajana, María del Pino Torres, declaró este miércoles como imputada por un presunto delito de prevaricación continuada, usurpación de funciones e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Torres acudió al Juzgado Número 1 de San Bartolomé de Tirajana sobre las 10.00 horas de la mañana, acompañada por su abogado José María Palomino y el asesor, Ismael Rodríguez, quienes abandonaron las dependencias judiciales sobre las 13.00 horas sin la presencia de la alcaldesa.
Evitó a la prensa
En este sentido, tanto la alcaldesa como la concejal de Contratación, Dunia Santana (NC), también imputada en este caso, abandonaron el juzgado por el sótano del edificio en un vehículo camuflado de la Policía Local para evitar a los periodistas, según fuentes cercanas a los imputados.
Sin embargo, otras fuentes judiciales señalan que la alcaldesa abandonó el edificio por las escaleras de emergencia que se encuentran en la parte trasera del edificio, sobre las 14.00 horas.
Hechos claros
La querella contra Torres fue interpuesta por el secretario del Ayuntamiento, Marcelino López Peraza, a quien la alcaldesa se ha negado a que tome posesión al menos en cinco ocasiones.
López acudió como querellante y se asistió a sí mismo, a cuyas preguntas se negó a contestar la alcaldesa.
En declaraciones a los periodistas, explicó que los hechos denunciados “están muy claros” ya que la alcaldesa sin ser competente, ha cesado a un habilitado nacional.
Niega arbitrariedad
Por su parte, según fuentes de la alcaldesa en funciones, han negado que su actitud de no tomarle posesión se haya realizado de manera arbitraria, sin fundamento razonable y a sabiendas de su injusticia, según la acusación.
En su escrito de comparecencia, Torres sostiene que su negativa responde a los informes jurídicos, puesto que “apartándome de su criterio es justamente cuando podría incurrir en responsabilidad”.
Asimismo, ha solicitado que se proceda al archivo de las diligencias previas que se llevan a cabo porque considera que los hechos denunciados no pueden calificarse de infracción penal.
Negó la citación
Se da la circunstancia de que María del Pino Torres, negó la pasada semana durante la campaña elecotoral, que tuviera que asistir este miércoles a declarar como imputada, y achacó esa afirmación a personas interesadas en difundir esa información de los medios de comunicación.
Delitos
Los delitos que se le imputan a la alcaldesa son los de prevaricación continuada (penado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años), por haber dictado una resolución cesando a López Peraza a espaldas de éste, tras haber obtenido la plaza de vicesecretario general del Cabildo de Gran Canaria, indicó el secretario.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa lo cesó el día 27 de marzo de 2008 y, posteriormente, en una nueva resolución ratificó el cese.
Estas acciones fueron declaradas nulas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1, 2 y 5 donde la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canaria recoge que la resolución de la alcaldesa en la que cesa al secretario, "ha impedido al demandante mantenerse en su función pública vulnerando con ello su derecho fundamental a permanecer en el cargo, y no ser cesado en contra de su voluntad..".
Más imputados
En la querella del secretario han declarado como imputados, por los presuntos delitos de prevaricación continuada e infidelidad en la custodia de documentos (en concepto de cooperadores necesarios), la entonces concejal delegada de Personal, Dunia Santana, y un funcionario que actuó como secretario accidental en los referidos decretos de cese y en otras presuntas actuaciones delictivas.
A éste último, también se le imputa el delito de usurpación de funciones públicas.
El delito de infidelidad en la custodia de documentos se castiga con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años; y el delito de usurpación de funciones públicas con la pena de prisión de uno a tres años.
A la alcaldesa de le imputa un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, al tener "secuestrado" el expediente personal funcionarial personal de López Peraza, sin que éste haya podido tener acceso al mismo, aseguró el afectado.
En este sentido, tanto la alcaldesa como la concejal de Contratación, Dunia Santana (NC), también imputada en este caso, abandonaron el juzgado por el sótano del edificio en un vehículo camuflado de la Policía Local para evitar a los periodistas, según fuentes cercanas a los imputados.
Sin embargo, otras fuentes judiciales señalan que la alcaldesa abandonó el edificio por las escaleras de emergencia que se encuentran en la parte trasera del edificio, sobre las 14.00 horas.
Hechos claros
La querella contra Torres fue interpuesta por el secretario del Ayuntamiento, Marcelino López Peraza, a quien la alcaldesa se ha negado a que tome posesión al menos en cinco ocasiones.
López acudió como querellante y se asistió a sí mismo, a cuyas preguntas se negó a contestar la alcaldesa.
En declaraciones a los periodistas, explicó que los hechos denunciados “están muy claros” ya que la alcaldesa sin ser competente, ha cesado a un habilitado nacional.
Niega arbitrariedad
Por su parte, según fuentes de la alcaldesa en funciones, han negado que su actitud de no tomarle posesión se haya realizado de manera arbitraria, sin fundamento razonable y a sabiendas de su injusticia, según la acusación.
En su escrito de comparecencia, Torres sostiene que su negativa responde a los informes jurídicos, puesto que “apartándome de su criterio es justamente cuando podría incurrir en responsabilidad”.
Asimismo, ha solicitado que se proceda al archivo de las diligencias previas que se llevan a cabo porque considera que los hechos denunciados no pueden calificarse de infracción penal.
Negó la citación
Se da la circunstancia de que María del Pino Torres, negó la pasada semana durante la campaña elecotoral, que tuviera que asistir este miércoles a declarar como imputada, y achacó esa afirmación a personas interesadas en difundir esa información de los medios de comunicación.
Delitos
Los delitos que se le imputan a la alcaldesa son los de prevaricación continuada (penado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años), por haber dictado una resolución cesando a López Peraza a espaldas de éste, tras haber obtenido la plaza de vicesecretario general del Cabildo de Gran Canaria, indicó el secretario.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa lo cesó el día 27 de marzo de 2008 y, posteriormente, en una nueva resolución ratificó el cese.
Estas acciones fueron declaradas nulas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1, 2 y 5 donde la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canaria recoge que la resolución de la alcaldesa en la que cesa al secretario, "ha impedido al demandante mantenerse en su función pública vulnerando con ello su derecho fundamental a permanecer en el cargo, y no ser cesado en contra de su voluntad..".
Más imputados
En la querella del secretario han declarado como imputados, por los presuntos delitos de prevaricación continuada e infidelidad en la custodia de documentos (en concepto de cooperadores necesarios), la entonces concejal delegada de Personal, Dunia Santana, y un funcionario que actuó como secretario accidental en los referidos decretos de cese y en otras presuntas actuaciones delictivas.
A éste último, también se le imputa el delito de usurpación de funciones públicas.
El delito de infidelidad en la custodia de documentos se castiga con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años; y el delito de usurpación de funciones públicas con la pena de prisión de uno a tres años.
A la alcaldesa de le imputa un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, al tener "secuestrado" el expediente personal funcionarial personal de López Peraza, sin que éste haya podido tener acceso al mismo, aseguró el afectado.
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