Pérez lamenta la nulidad de la alcaldesa en el problema del agua

El portavoz del PP-AV, Marco Aurelio Pérez, ha considerado "lamentable" que una semana después del sabotaje contra el suministro de agua de abasto público la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana todavía no haya convocado ni reunido a los portavoces de la Corporación Municipal, ni tampoco celebrado un pleno extraordinario del Ayuntamiento, para abordar las graves consecuencias que ha tenido para la población el suceso ocurrido el pasado martes 5 de abril. Pérez ha asegurado en un comunicado que en la resolución de este asunto "la alcaldesa como siempre ha llegado mal y tarde", lo que ha demostrado "una vez más su completa nulidad, porque no ha sabido afrontar con la decisión necesaria, con la entereza necesaria y con verdaderas garantías, el serio problema que se le ha generado a más de 4.000 vecinos de este municipio”, afirmó. Una semana después del acto vandálico contra el suministro que afectó a los barrios de Montaña La Data, Lomo Gordo, El Tablero, El Salobre y Media Fanega, el agua de abasto sigue saliendo por los chorros de los domicilios particulares y de las instalaciones públicas con un fuerte olor y sabor a gasoil. Además, -añade la nota- sigue sin poder utilizarse para el consumo humano e incluso ni siquiera es apta para el aseo corporal en algunos de esos núcleos. Todavía siguen los vecinos de La Montaña sin este necesario servicio, y también se han empezado a detectar algunos problemas de salud con vecinos que han tenido que acudir a consulta médica por molestias en los ojos y la piel. Alcaldesa negligente El dirigente y portavoz del PP-AV sostiene que el mandato de la alcaldesa en la prensa para que la empresa suministradora, Canaragua S.A., corra con todos los gastos ocasionados por este problema sólo constituye “un palabrerío hueco y sin fundamento para quedar bien. Es sólo un brindis político de cara a la galería, porque se trata de un ordeno y mando franquista sin cobertura jurídica legal ni administrativa”. En este sentido, ha señalado "la obligación" que tendrá que afrontar la empresa de no facturar a los vecinos por el gasto de agua contaminada, pues se trata de "un asunto tan serio y de tanto alcance jurídico-administrativo, que tendrá que abordarse necesariamente por acuerdo plenario de la Corporación y con los preceptivos informes de la Concejalía de Aguas y de los servicios jurídicos municipales que lo avalen para que surta con efecto legal". Algo que según ha señalado Pérez lamentablemente la alcaldesa todavía no lo ha hecho, pues aún no ha convocado a los portavoces ni al pleno. "Posiblemente a Mari Pino Torres no le interesa que este asunto se lleve a pleno o porque ni siquiera sepa que tiene que hacerlo de esa forma”, afirmó. Al respecto, añade que la postura de la alcaldesa en este asunto “es nula y además negligente”, ya que no basta con ordenar a la empresa concesionaria que asuma los gastos ocasionados por el sabotaje, sino que hay que articular un protocolo serio y riguroso de actuación, donde se precise y se requiera un informe exhaustivo y detallado de esos gastos de forma pormenorizada según viviendas, estanques o aljibes o sobre cómo cuantificar esos gastos; entre otros. Asimismo, ha añadido que todo "debe quedar claramente tipificado y amparado por un informe jurídico municipal, y someterse finalmente a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que tenga validez legal”. Lo demás -afirma Marco Aurelio Pérez- “son tonterías sin ninguna repercusión positiva para las reclamaciones y demandas de los vecinos por el daño y las molestias que se les ha causado”.