El Ayuntamiento pide al Gobierno canario que amplíe las prórrogas de los mercadilleros

El Pleno de la Corporación de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado una moción institucional por la que se insta al Gobierno de Canarias a que cumpla el acuerdo que la Dirección General de Comercio adoptó el pasado 25 de octubre de 2010 con los representantes de los comerciantes minoristas de los mercadillos y de los Ayuntamientos de Gran Canaria, para regular jurídicamente la prórroga de las autorizaciones para el ejercicio de venta ambulante a 8 años, ampliables a otros 8 más. Esta moción defendida en el Pleno por el concejal de Mercados Eulogio Hernández Peñate fue aprobada por unanimidad y elevada a la categoría de declaración institucional a propuesta del portavoz de Agrupación de Vecinos. Hernández ha afirmado que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana "ha tenido que convertirse en portavoz de esta reivindicación de los mercadilleros por la problemática suscitada con la entrada en vigor de la Ley comunitaria Bolkestein", que regula la concesión de licencias municipales de mercadillos en el territorio Español. Los cambios normativos de la señalada Directiva Bolkestein implican importantes modificaciones en cuanto al acceso, procedimiento de concesión y el tiempo de duración de las licencias para el ejercicio de la venta ambulante. Situación de incertidumbre Según el concejal de Mercados, con el nuevo marco normativo, los comerciantes mercadilleros consolidados por años de trabajo se encuentran ahora en una situación de incertidumbre en cuanto la temporalidad de sus actuales autorizaciones. Al respecto, ha añadido que  es la Comunidad Autónoma -en virtud de sus competencias en materia de comercio interior reconocidas en el Estatuto de Autonomía- "a quien corresponde legislar sobre esta materia, y crear un marco normativo común a los empresarios que ejerzan esta actividad de venta ambulante”. En Gran Canaria se cuentan en total 17 mercadillos, ascendiendo el colectivo de comerciantes mercadilleros en la provincia de Las Palmas a más de 1.500 y en torno a 2.300 en toda Canarias. Este amplio colectivo ha venido manifestando a lo largo de los últimos meses, su preocupación e incertidumbre ante el futuro laboral que se les presenta con este nuevo marco normativo, solicitando el apoyo de las diversas administraciones e instituciones implicadas.