El Pleno modifica la Ordenanza Fiscal para flexibilizar el pago de los impuestos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana modificará su Ordenanza Fiscal de Recaudación para que los ciudadanos puedan pagar sus impuestos de una forma "más cómoda y flexible". Esta propuesta elevada al pleno de la Corporación por la concejala de Hacienda, Dunia Santana, fue respaldada y aprobada este lunes por los once concejales que integran el grupo de gobierno. La modificación permite que se eleve de 3.000 a 18.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento de los pagos, que es el mismo límite establecido para la Hacienda estatal y, por otro lado, amplía los plazos para los fraccionamientos de esos pagos, pasando de 12 a 24 meses; y reduce de 450 a 150 euros el importe de la deuda mínima para poder fraccionar el pago. La concejala de Hacienda sostiene que la modificación de la Ordenanza Fiscal establece una regulación más detallada sobre el régimen de los fraccionamientos, los procedimientos a seguir, los plazos para solicitarlos, y sobre la tramitación del expediente por la empresa municipal Emursa con propuesta de resolución de la Tesorera general, que será la que finalmente eleve la propuesta que proceda a la Alcaldía o a la Concejalía delegada para que resuelva. También contempla la regulación de las garantías que se tendrán que aportar, los recursos que se pueden interponer y el cálculo de los intereses de demora sobre la deuda aplazada por el tiempo comprendido entre el vencimiento del período voluntario de pago y el vencimiento del plazo concedido. Según la alcaldesa, Mari Pino Torres, esta medida fiscal la adopta el Ayuntamiento para hacer frente a la incidencia directa que "está teniendo la crisis económica, el incremento del desempleo y la disminución de los créditos bancarios a las empresas y a las familias en los ingresos de las administraciones públicas". En ese sentido, la Tesorería municipal admite que existe una dificultad real para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias con la administración municipal. Evitar incumplimientos Por otra parte, la Ordenanza incorpora “criterios racionales que permiten la depuración de los derechos pendientes de cobro mediante la declaración de créditos incobrables y deudores fallidos, dada la existencia de numerosas deudas que resultan de imposible cobro”, ha afirmado Dunia Santana. Según la concejala de Hacienda, esta regulación “es esencial e imprescindible para evitar actuaciones innecesarias, costosas y sin éxito en el procedimiento de recaudación, pero también para depurar los créditos incobrables que están inflando el remanente líquido de Tesorería del Ayuntamiento, y hacen que la contabilidad no refleje la imagen fiel de la situación económico-financiera del Ayuntamiento”.