La Fiscalía comienza esta semana a practicar diligencias contra los controladores

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La Fiscalía comenzará esta semana a practicar diligencias contra los controladores implicados en el plante laboral que obligó a cerrar el espacio aéreo en Canarias el pasado puente de la Constitución, según han informado a Efe fuentes del ministerio público. La práctica de diligencias se realizará "allí donde no haya causas judiciales abiertas" y en base a una calificación jurídica "preferente" de un delito contra la Ley de Navegación Aérea. Así, en el caso de Gran Canaria, el Juzgado Número Seis de Telde, donde la Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restaurantes (Fecao) denunció a los controladores por un presunto delito de daños económicos a las pymes canarias, la Fiscalía de Las Palmas remitirá a su titular la petición de realización de diligencias, que correrán a cargo del fiscal correspondiente. Las fuentes precisaron que el juzgado de cada lugar donde haya una torre de control será el competente para tramitar el procedimiento al que se llegue. Las diligencias que realice el Ministerio Fiscal, a las que se ha sumado la denuncia presentada por el Gobierno canario, tratarán de esclarecer el grado de participación de cada persona en el supuesto delito contra la Ley de Navegación Aérea, penado con hasta ocho años de cárcel, para lo que es necesario distinguir "quién tomó parte en el hecho y quiénes lo organizaron". En esta investigación también hay que distinguir a las personas que estaban en los centros de tránsito respecto de las que estaban en las torres de control, agregaron las fuentes, que subrayaron que "no se puede descartar que haya alguien que efectivamente se pusiera malo". Sobre el derecho a no declarar al que se han acogido algunos controladores alegando que al depender de la autoridad militar esta investigación compete a la jurisdicción militar, las fuentes del ministerio público dijeron no compartir esta posición y opinaron que los controladores "están investigados por hechos ocurridos antes de que entrara en vigor el estado de alarma", de ahí que "la jurisdicción ordinaria tenga plena legitimidad para actuar".