El Gobierno de Canarias y los agentes económicos del archipiélago demandarán ante los tribunales al colectivo de controladores aéreos para que paguen indemnizaciones por el daño que su plante laboral ha causado a la imagen turística de Canarias.
Así lo ha anunciado este jueves a los periodistas el presidente del ejecutivo regional, Paulino Rivero, quien ha explicado que esta demanda complementará a la que el Gobierno de Canarias ya presentó el sábado ante la Fiscalía contra los controladores al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede constituir un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición.
Rivero, que se ha reunido este jueves con los agentes económicos del archipiélago afectados por el caos aéreo, no precisó la cuantía de las compensaciones que se reclamarán a los controladores porque aún es preciso concretar todas las pérdidas sufridas en cada uno de los sectores.
No obstante, antes del encuentro, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, informó de que los perjuicios en el archipiélago por el cierre aéreo podrían rondar los 100 millones de euros.








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