El Gobierno canario denuncia a los controladores por desobediencia y sedición

Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han presentado este viernes una denuncia contra los controladores aéreos al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede ser constitutivo de un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición. El texto de la denuncia, que el propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha colgado en su blog personal, afirma que se ha obstaculizado e impedido de forma absoluta, la normal prestación del servicio público esencial para el transporte aéreo, algo "imputable de forma exclusiva a la conducta manifiestamente ilegal del colectivo de controladores aéreos". Añade igualmente que el Gobierno de Canarias entiende que los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito contra la Administración Pública del artículo 409 del Código Penal, considerando sujeto activo del mismo a aquellos controladores aéreos que "habiendo abandonado el servicio y con evidente dejación de funciones han causado directamente el grave quebranto en la prestación del servicio público de transporte aéreo de Canarias". Afirma además que, sin perjuicio de lo anterior, "la conducta reprochable e imputable" al colectivo de los controladores aéreos pudiera constituir a su vez "un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal e, incluso, centrándonos en el orden público como bien jurídico protegido, un delito de sedición previsto en artículo 544".