El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la demanda interpuesta por el representante de UGT en el Ayuntamiento de San Lucía, Pablo Rodríguez, para que se le restableciera como jefe de servicio de Salud Pública.
El representante sindical solicitaba, además, una indemnización de 62.500 euros por vulneración de sus derechos fundamentales, según la sentencia a la que ha tenido acceso Maspalomas Ahora.
Rodríguez recurrió un decreto del consistorio que reducía sus funciones "para facilitarle su labor sindical" por considerarlo una represalia por su actividad como sindicalista, y por las anteriores acciones legales emprendidas, un día después de su reincorporación al trabajo tras la ejecución de una sentencia.
En esta ocasión, la sentencia confirma que no existió vulneración alguna del derecho a la libertad sindical, ni a la igualdad, dado que el área de Drogodependencias donde desempeñaba su labor "funcionaba bien y se le encomienda otras labores que corresponden igualmente por razón del puesto que ocupa".
Asimismo, el fallo indica que la actuación administrativa responde a "la necesidad de organizar unos servicios que como tal Administración tiene encomendados, y que no debemos olvidar, responden a los intereses generales de todo el municipio".
La falta de pruebas que acreditan la actuación discriminatoria y la consideración de los apartados en el decreto del Ayuntamiento de Santa Lucía, que tiene en cuenta la condición de representante sindical, son otros de los motivos que llevan a la jueza a concluir que no existe vulneración de derechos fundamentales del recurrente.








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