“Unidos contra el hambre” es el lema elegido este año para la celebración del Día Mundial de la Alimentación. Ha sido escogido con el fin de reconocer los esfuerzos realizados en la lucha contra el hambre en el mundo a nivel nacional, regional e internacional.
La unión contra el hambre se vuelve una realidad cuando el Estado y las organizaciones de la sociedad civil trabajan en asociación con el sector privado a todos los niveles para erradicar el hambre, la pobreza extrema y la malnutrición.
El pasado año 2009, se alcanzó el umbral crítico de mil millones de personas hambrientas en el mundo, en parte debido a la subida de los precios de los alimentos y a la crisis financiera, lo que constituye, según el Sr. Jacques Diouf, Director General de la FAO, un “trágico logro en estos tiempos modernos”.
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
El derecho a la alimentación es un derecho universal que implica que toda persona – mujer, hombre o niño – debe tener acceso a alimentos en todo momento, o medios para procurárselos, que sean suficientes en términos de calidad, cantidad y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su cultura. El derecho a la alimentación no se puede aplicar al margen de otros derechos humanos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud o a la libertad de reunión o asociación.
El enfoque del derecho a la alimentación complementa los elementos de la seguridad alimentaria relativos a la disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización teniendo en cuenta la dignidad humana y la aceptabilidad cultural, así como el fortalecimiento a través de la participación, la no discriminación, la transparencia y la responsabilización. De esta manera, los ciudadanos se convierten en sujeto de derecho en lugar de ser objeto de asistencia.
Los estados tienen una triple obligación: deben respetar el acceso existente a los alimentos por parte de su población y abstenerse de adoptar medidas que impidan dicho acceso. Deben proteger el derecho a la alimentación frente a infracciones de terceros con medidas que garanticen que las empresas o las personas no priven a los demás del acceso a una alimentación adecuada. Asimismo, los estados deben hacer efectivo el derecho a la alimentación facilitando a las personas el acceso a alimentos por sus propios medios y sustentando a las que no puedan alimentarse por sí mismas.
Mientras que los estados tienen la obligación legal de hacer efectivos los derechos humanos, todos los miembros de la sociedad – personas físicas, ONG y sector privado – tienen obligaciones respecto al derecho a la alimentación, cuando sus acciones puedan tener un impacto en el libre ejercicio del derecho a la alimentación de otras personas. En particular, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG son factores importantes para la ejecución de políticas y programas públicos, ya que ayudan a la población a realizar su derecho a la alimentación por medio, entre otras cosas, de la capacitación.
En el Banco de Alimentos de Las Palmas se tiene muy claro el derecho que la población de nuestro entorno tiene al acceso a la alimentación porque cuando hablamos de carencias de alimentos en la población, no hay que sólo en las personas del Tercer Mundo. Muy cerca de nosotros hay muchas personas que carecen de alimentos.
En lo que va de año, el Banco de Alimentos de Las Palmas ha tenido 380 recepciones de alimentos que ha permitido repartir más de un millón quinientos mil kilos a través de las 1.800 entregas que se ha hecho a las 142 entidades benéficas, jurídicamente constituidas, con las que se colabora. De esta cantidad de alimentos se benefician más de 35.000 personas.
Pero la labor del Banco de Alimentos de Las Palmas va más allá de proporcionar alimentos, La experiencia diaria ha permitido comprobar cómo el perfil de las personas que se benefician del reparto de alimentos ha cambiado últimamente. Ya no podemos asociar la carencia de alimentos de una persona a los clásicos estados de indigencia o de marginación social. Cada vez es mayor el número de beneficiarios que se encuentra en la situación de dependencia con respecto a la adquisición de alimentos como consecuencia de la actual situación de crisis económicas frente a la cual las personas más frágiles son las que carecen de una formación básica que les permita salir de ella.
Su situación les hace situarse en un callejón sin salida con la consecuente repercusión social que ello conlleva. A la vista de esta realidad, el Banco de Alimentos de Las Palmas ha creado, conjuntamente con Radio ECCA, una Plataforma Formativa encaminada a proporcionar formación gratuita a todas las personas que acuden a las entidades benéficas con las que el Banco colabora. De esta manera se trata de poner al alcance de esas personas no sólo los alimentos que precisan sino la posibilidad de adquirirlos por sí mismas y salir de esa manera de su situación de dependencia.








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