Falsos inspectores de Trabajo cobran por cambiar señales de prevención

El Gobierno canario alertó de una presunta estafa de falsos inspectores de trabajo y seguridad laboral que exigen dinero a empresarios tras decirles que sus equipos y señales de prevención de riesgos son obsoletos y que deben cambiarlos, pasándoles una factura por sus servicios. Algo que "rotundamente hay que desmentir", según declaró hoy el director general de Trabajo autonómico, Pedro Tomás Pino, en una rueda de prensa que convocó para pedir la colaboración de todos los empresarios de las islas para detectar más hipotéticos casos de esta estafa, descubierta a raíz de una denuncia que presentó la semana pasada la responsable de un establecimiento comercial de Tenerife. Establecimiento donde, según relató el director general en referencia a los hechos expuestos en una denuncia formal dirigida a su departamento, unas personas que se identificaron como inspectores de trabajo se presentaron y dijeron que había obligación de cambiar las señalizaciones de seguridad, que procedieron a sustituir ellos mismos por otras para luego cobrarles algo menos de 100 euros. Un hecho que supone "una estafa flagrante" y ante el que Pedro Tomás Pino pidió "extremar la vigilancia" a todos los empresarios de Canarias ante eventuales situaciones similares. Y es que desde la Dirección General se estima que puede haber más casos de empresas víctimas de este presunto fraude, tanto en Tenerife como en otras islas, y que los engañados no lo hayan denunciado hasta ahora por no haberse dado cuenta aún de que se trataba de un timo o por pensar, una vez descubierta la trampa, que no vale la pena protestar por la pequeña cuantía de lo estafado. Frente a ese parecer, Pedro Tomás Pino, que compareció acompañado por el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, Juan de Dios Fernández, insistió en "la gravedad de la situación" y en reclamar a las empresas que hagan todo lo posible para evitar ser víctimas de esa presunta estafa, así como que, si ya lo han sido, lo pongan en conocimiento del Gobierno. Puesto que los inspectores del Ejecutivo "no cobran jamás por los servicios que prestan", ya que cualquier procedimiento sancionador está debidamente reglado y establecido legalmente mediante normas que fijan que cualquier tipo de multa tiene que ir precedida de un expediente y no se paga nunca, en cualquier caso, en el momento, sino tras varios trámites burocráticos.