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¿Qué funcionario impide el precinto de una discoteca?

Jueves, 05 de Agosto de 2010
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En el terreno nocturno queremos mantenerles entretenidos con los movimientos del ocio discotequero. Las denuncias entre empresarios del ramo es algo habitual y forma parte del negocio en este sur. Lo que no es tan habitual es la intervención de los órganos judiciales decididos a acabar de una vez por todas con este enredo de documentación perdida en la Administración y denuncias sin efecto alguno. Para acabar con la supuesta práctica de guardar las denuncias de determinados grupos en el cajón de los recuerdos, esta semana llegó un oficio judicial al Ayuntamiento en el que solicita qué funcionario impide el precinto de una discoteca superglamurosa con fotocall situada allá en Playa del Inglés. Esto último lo hemos añadido nosotros. El sector alojativo tampoco se queda corto con sus denuncias y por eso es uno de los más activos contra determinado sector del ocio nocturno, los pubs. Entre sus denuncias destacan las relacionadas con los ruidos, ya que a pesar de la sentencia que obliga a insonorizar los locales, éstos han aumentado. El propietario de los apartamentos Maritim, Roland Christ, dijo a La Provincia que tiene contabilizadas más de 500 llamadas de teléfono de sus clientes y empleados a la Policía Local. En lo que va de año 2010, el Jardín del Atlántico ha comunicado 108 veces esta situación a los concejales de Policía, Roberto Martel, y de Disciplina Urbanística, David Delgado. Entre las noches del 27 de julio y 1 de agosto se presentaron quejas contra los locales Flannagan's, Patrick's, O'Tropick, Adrian, Randy, Hopstore, Irish Court y Discoteca Life, estos últimos en la zona de Aguila Roja. Sin embargo, llama la atención de que, en el caso del Maritím siempre se apunta contra La Plaza o Kasbah, cuando existen locales nocturnos mucho más cercanos a los apartamentos que no respetan el horario de cierre y no se nombran. Los directores de los hoteles Maritim y Jardín del Atlántico, Antonio Delgado Dieppa, lamentan la situación, a pesar del centenar de denuncias y quejas presentadas ante la Policía Local, el Ayuntamiento, el Cabildo, la Delegación del Gobierno central y el Ejecutivo regional.
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