El comité de empresa del Ayuntamiento de Santa Lucía ha exigido al Gobierno de Canarias una Ley de la Función Pública "acorde a la realidad y no un corta y pega malo de otras leyes autonómicas".
Para el presidente del comité de empresa, Paco Guedes, es lamentable que esta Ley, no ofrezca "una salida coherente" a los miles de trabajadores que se encuentran en situación de temporalidad en las administraciones públicas de Canarias desde hace más de 20 años.
Para Guedes, lo que el Gobierno persigue, "aprovechando la crisis, es deshacerse de muchos de estos trabajadores a través de esta Ley conforme establece el artículo 16, en el que admite que se podrán amortizar plazas de personal temporal".
Por su parte, el presidente de la Junta de Personal, Carlos Lemes, ha lamentado que la Ley dé cobertura a presidentes de cabildos, consejeros de Gobiernos y alcaldes, para "continuar enchufando a más cargos de sus partidos", a través de la figura del 'personal directivo'.
Lemes ha asegurado que la figura de personal directivo está reconocida en el Estatuto Básico, pero el Gobierno la ha planteado como "una grotesca" introducción de ésta en la Administración Pública.
De esta manera, "cualquier persona de cualquier partido político, podrá acceder a trabajar en un Ayuntamiento, Cabildo o Consejería, sin pasar unas duras oposiciones como el resto de ciudadanos".
Los dos representantes sindicales están de acuerdo en que se aplique a los empleados públicos canarios la evaluación del desempeño, pero no en que "el Gobierno quiera castigar a unos pocos trabajadores que no realizan su trabajo, introduciendo en la Ley un castigo igual para todos", afirman.
El Comité de Empresa y la Junta de Personal se unirán al resto de organizaciones sindicales en Canarias en las acciones que acuerden para la defensa de lo público, y evitar así que los políticos canarios "desvirtúen el carácter público y universal de los servicios que se prestan en las diferentes administraciones públicas".








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