La Delegación del Gobierno reitera la legalidad de las actuaciones policiales en Mogán

MASPALOMAS AHORA.- La Delegación del Gobierno en Canarias reiteró hoy la legalidad de las actuaciones policiales llevadas a cabo en la "operación Góndola", sobre supuestas irregularidades urbanísticas en Mogán. En un comunicado de prensa, la Delegación ha rechazado "cuantas manifestaciones pretenden contribuir a crear un clima de confusión y de inseguridad", además de "desprestigiar el buen nombre y la profesionalidad de los funcionarios policiales". El presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, dijo ayer que los servicios jurídicos de su partido estudian la posible ilegalidad de las detenciones del alcalde popular de Mogán, Francisco González, y de otros dos ediles del partido en el municipio. La Delegación del Gobierno en Canarias reiteró hoy que "las actuaciones policiales cuestionadas" por Soria "se han ajustado plenamente a la legalidad", como prueba "el hecho de que, hasta la fecha, no ha sido presentada denuncia alguna por parte de la representación legal de los implicados", ni de oficio "por parte de autoridad judicial alguna ni del Ministerio Fiscal". Añade el comunicado que en sus declaraciones Soria sigue "la línea trazada por su partido a escala nacional, en la que no sólo se vierten descalificaciones, infundios y valoraciones carentes de rigor deformadoras de la verdad, sino que atentan al funcionamiento mismo del Estado de derecho, involucrando indiscriminadamente a los responsables de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y, por extensión, a los de la Delegación del Gobierno". La Delegación del Gobierno recuerda que el pasado 13 de febrero ya precisó que "las actuaciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se ejecutan con arreglo a los factores concurrentes en el cabal desempeño de su cometido, sin que el Delegado del Gobierno ni ningún otro responsable de la Administración General del Estado inspiren, intervengan, interfieran, sugieran o cursen indicaciones sobre cómo se han desarrollado". Por ello, "a la vista de las declaraciones más recientes" de Soria, la Delegación del Gobierno "deplora y rechaza cuantas manifestaciones pretenden contribuir a crear un clima de confusión y de inseguridad, a la vez que desprestigiar el buen nombre y la profesionalidad de los funcionarios policiales". La Delegación del Gobierno asevera "que todas las actuaciones policiales, incluidas las detenciones practicadas, están sujetas permanentemente a la instrucción judicial puesta en marcha, con lo cual el simple hecho de poner en duda la legalidad o procedencia de las mismas socava, incluso, la propia decisión judicial". Además, manifiesta que, "instruidas las causas correspondientes, se debe respetar el trabajo de la Administración de Justicia sin intentar provocar, con declaraciones altisonantes y fuera de lugar, una distorsión en el funcionamiento de los mecanismos del Estado de derecho".