Las insostenibles razones del Consorcio (y II)

Tal como se comentaba en el artículo anterior, y siguiendo las referencias aparecidas en la prensa, el Consorcio de Rehabilitación de las Zonas Turísticas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que depende del Cabildo Insular de Gran Canaria, pretende dejar sin sus legítimos negocios a los propietarios del Anexo II de Playa del Inglés, así como a otras instalaciones alojativas y centros comerciales. Una especie de fiebre destructiva al estilo de la legendaria de Atila, el rey de los hunos. No obstante, estos de aquí van arropados en una bandera verduzca, medio ecologista y medio de costas, cosa que no deja de ser harto paradójica cuando se decía que donde pisaba su caballo del mongol no volvía a crecer ni la hierva. Con estos nuevos bárbaros de las estepas políticas lo que si crece es el gasto público. Argumenta el Consorcio que el Anexo II es incompatible con atraer turismo de calidad. Habría que empezar por preguntarles qué entienden por calidad. Probablemente aquel segmento muy minoritario que no encuentra en Canarias lo que ellos desearían para si mismos, siempre que pague otro las facturas, sin conocer a fondo el negocio turístico. Manosean el concepto de poder adquisitivo sin darse cuenta de que una cosa es la apariencia y otra la realidad. Tal vez no hayan caído en la cuenta que esos turistas, a los que desde su elitismo trasnochado desprecian, han permitido a Canarias en general y a Gran Canaria en particular, salir del subdesarrollo, la miseria, el hambre y la emigración. Cuando gastan su dinero comprando bienes y consumiendo servicios en la zona turísticas y en los pueblos que visitan, y no necesariamente en el hall de lujosos hoteles, muchos de ellos con servicios de pensión y que facturan en origen, están permitiendo que vivan muchos pequeños empresarios y sus miles de empleados. Eso es negocio turístico, no actividad subvencionada para unos pocos. Los políticos metidos en estos organismos salvapatrias suelen olvidar, no sabría decir si inconsciente o negligentemente, que ha sido precisamente la casta política la que ha distorsionado el mercado real, sobre todo el alojativo, concediendo jugosísimas subvenciones a la construcción que han facilitado que se desarrollara precisamente lo que hoy está en crisis profunda: la industria hotelera. La necesidad de tirar los precios para conseguir un mínimo de ocupación, rebajar a límites insostenibles y difícilmente tolerables la calidad de los servicios para intentar mantener la rentabilidad, son dos de las causas, no las únicas, que están poniendo en entredicho el destino. Como alguna vez ya he escrito, calidad no es mármol en el piso, calidad son las personas. No hay hoteles cinco estrellas, hay personal cinco estrellas. En paralelo con lo anterior, esa nefasta interferencia política, que no el mercado, ha arruinado a los propietarios de apartamentos, los despectivamente llamados “extrahoteleros”, tan planta alojativa como la hotelera, aunque de distinta naturaleza, pero que ha sido la base de una auténtica riqueza popular en nuestra tierra canaria. En mi modesta opinión, creo que tanta gente que dedicó decenas de años de su vida al esfuerzo de crear y mantener una industria turística de masas, tan digna y respetable como la elitista y minoritaria que suele encerrarse en urbanizaciones exclusivas, no se merece el desprecio de gentes instaladas en la moqueta, como parece traslucirse de lo que aparece en la prensa y que los propietarios del Anexo II denuncian en su carta abierta a don José Miguel Pérez como Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Un paseo frecuente, no una visita guiada, por esas zonas permite ver la actividad y el movimiento de millones de personas que en una u otra época del año las frecuentan, se divierten, comen, viven, disfrutan del paisaje y gastan su dinero, tan bueno y verde como el de los otros privilegiados de la fortuna cuyo dinero, por cierto, con frecuencia no queda ni se factura en Canarias. Pero lo que ya clama al cielo es que en los aledaños del Anexo II, el abandono y la fealdad que llena las laderas y las zonas públicas sea tan patente. Llevan así muchos años, sin que al Ayuntamiento, supongo que autotitulado excelentísimo, al Cabildo, más excelentísimo aún si cabe, ni al Consorcio parezcan molestarles ni intenten poner remedio en donde sí que podrían hacerlo sin atentar contra los intereses legítimos de nadie. Sólo parecen preocuparles unos centros comerciales en los que dicen que hay que inyectar dinero público en espacios privados. Y no es que sean obsoletos como dicen, sino que casi con total seguridad estén arruinados por querer seguir vendiendo lo que ya nadie quiere comprar. Por eso es más que probable que los propietarios no los quieran renovar y estén estirando la situación mientras haya un ápice de esperanza. Supongo, porque si no, ¡agárrense que vienen curvas! [gallery link="file" columns="2"]