Las insostenibles razones del Consorcio (I)

Mientras a nuestro alrededor parece hundirse el negocio turístico, a pesar de los voladores que lanzan de vez en cuando las Consejerías de Turismo de Canarias y de Gran Canaria, los políticos se entretienen en marear la perdiz, buscar culpables ajenos a los tejemanejes de sus partidos y a dilatar en el tiempo la puesta en marcha de soluciones realistas a los problemas que nos acucian. Entre otras cortinas de humo, siguiendo el conocido consejo de Napoleón para empantanar los asuntos que no saben o no quieren resolver, crean comisiones y organismos perfectamente prescindibles, que cuestan además una fortuna en sueldos y salarios, para que les digan, a tanto el folio, como resolver los problemas que ellos debieran solucionar como cargos electos que son y por los que cobran, con religiosa puntualidad laica, sus abultados sueldos y otras prebendas anexas al “servicio público” del cargo, con cargo, valga la redundancia, a la tarjeta Visa para la que tributamos todos, aunque ellos, los de la casta política, tributen menos por sus privilegios, sacrificios los denominan sin rubor. Y dado que se habla de cosas anejas (a veces hasta ajenas al sentido común), a mi modesto entender y como botón de muestra, uno de esos organismos creados para suplir las responsabilidades de los políticos es el Consorcio de Rehabilitación de las Zonas Turísticas del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Lleva ya un buen tiempito en marcha, pero el sur grancanario sigue igual, o peor si cabe, de desastrado. Su “éxito” más renombrado es el de impulsar y apoyar el Plan Territorial Parcial para la Regeneración de Playa del Inglés (PTP-8), que propone entre otras cosas la supresión de dieciseis “enclaves insostenibles” por su enorme impacto en la ciudad turística del Sur. Establece, supongo que con abundante dinero público, la reconstrucción de nueve de sus centros comerciales y la rehabilitación de otros tres. Como siempre, confundiendo el negocio de la construcción y de los constructores con el interés mucho más general y extendido de la actividad turística. Alguno de esos “enclaves insostenibles” a eliminar son los Apartamentos Santa Mónica, el Hotel Beach Club y los centros comerciales del Anexo II, Tropical, Beach Club y Oasis Maspalomas. Pero esta vez, al menos los empresarios del Anexo II, están dando la batalla para evitar lo que consideran, y muy probablemente tengan razón, un auténtico atentado contra la propiedad privada legalmente adquirida. De sumo interés para comprender sus razones es la carta abierta publicada en el Canarias7 del pasado lunes 10 de mayo, pág 19, con acusaciones muy graves, dirigida al Presidente del Cabildo y a todos los Consejeros. Creo que la sensación de lamentable inseguridad jurídica que late en el fondo de las quejas expuestas, es cuestión que bien merece una respuesta razonada y razonable, pero haciéndola con argumentos sólidos y veraces, dejando a un lado las descalificaciones hueras o difamatorias a los afectados, como es uso y costumbre entre los políticos y sus corifeos mediáticos. Si el Cabildo no lo hace así ─hablando con claridad, luz y taquígrafos─ habrá que pensar una vez más que la arbitrariedad y el caciquismo siguen reinando en esta tierra. Fue demoledor para la credibilidad de nuestro país que en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se advirtiera a los británicos que no compraran propiedades en España “porque hoy la adquieres y mañana te la roban”. Por eso hoy los políticos deberían dejar bien claro sus razones y no afirmar “a la bolivariana” que sus poderes son los votos que controlan en el Pleno del Cabildo, mediatizados por los aparatos del los partidos políticos, y que no dejan de ser sólo razones e intereses electorales particulares, con frecuencia distintos al auténtico interés popular. O dicho sea de otra forma, la seguridad jurídica es un bien superior y fundamental a proteger en una auténtica democracia, por encima de los caprichos de los políticos, que con toda probabilidad preferirían una partitocracia basada en una aparente dictadura popular, como muy bien explica Friedrich Hayek en sus ensayos políticos. Los propietarios del Anexo II acusan abiertamente al gerente del consorcio (ex director de Costas y por eso tal vez sospechoso de actuar como juez y parte) de “tener un deseo enfermizo por demoler una construcción legal que cuenta con todos los permisos y autorizaciones en regla, sin embargo con la Ley de Costas en vigor, no ha dicho absolutamente nada respecto a las construcciones de Meloneras”. ¿Es así? Muchas de las razones esgrimidas por el Consorcio, sobre la incompatibilidad de estos “enclaves insostenibles” son, como mínimo difícilmente “sostenibles” y otras atentan simplemente contra toda la evidencia empírica e histórica del fenómeno turístico y de la riqueza que ha generado en amplias capas de la sociedad, evitando que muchos canarios tuvieran que seguir emigrando a tierras lejanas porque si tierra no les ofrecía un medio de vida digno, como ahora se dice en el lenguaje políticamente correcto. Pero esto se tratará en un próximo artículo. Mientras tanto les recomiendo una visita analítica a esas zonas, sobre todo a las costeras, para refrescar la memoria y ver las realidades, no los deseos de algunos personajes que probablemente sólo hayan pisado elitistas, mullidas y forradas moquetas.