Tarde, mal e insuficiente

El presidente Zapatero anunció esta semana en el Congreso la adopción de nueve medidas para recortar el déficit público del 11,2% del PIB registrado en 2009 hasta un 6% en 2011, en el camino de devolverlo al límite del 3% antes de 2013. El objetivo es disminuir el gasto en 15.000 millones más de lo previsto entre 2010 y 2011. Estas medidas son, fundamentalmente, la reducción de los salarios de los funcionarios en un 5% en 2010 y su congelación para 2011; la no actualización de las pensiones (exceptuando las mínimas y las no contributivas); el fin del cheque bebé y recortes en gastos de dependencia (eliminando la retroactividad), medicamentos, ayuda al desarrollo e inversión pública. Además de prever un ahorro adicional por parte de la Comunidades Autónomas y ayuntamientos de 1.200 millones, que hay que añadir al recorte ya acordado en enero. Las medidas se plantean inmediatamente después de que los dirigentes de la zona euro tomaran decisiones para defender la moneda común, tras la crisis griega. Entre ellas la exigencia de medidas ejemplares de reducción del voluminoso déficit público de algunos países, especialmente España. Por tanto, vienen obligadas por las circunstancias, no tanto deseadas por Zapatero como claramente impuestas por el Eurogrupo para evitar males mayores para España y para la estabilidad del euro. Con su adopción Zapatero rompe su alianza con los sindicatos, y con un sector de su electorado, que le reconocía su política durante la crisis de no tocar las retribuciones del mundo funcionarial ni tocar las pensiones, así como negarse a abaratar unilateralmente el despido. Las medidas con mayor capacidad de ahorro son la reducción de la inversión pública, que se estima en 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 (que se suman al recorte de 1.500 millones para 2010 acordado en enero) y el recorte de las retribuciones de los funcionarios. Respecto a esto último esperamos que se matice por parte del Gobierno que la reducción de la retribución a los funcionarios sea proporcional a los ingresos, para que incluya un elemento de equidad en el sacrificio de cada uno, puesto que no es lo mismo reducir el 5% al que cobra 1.200 euros al mes que a otro que cobra el doble o el triple. Pensiones, un error Una medida que me parece errónea es la no revalorización de las pensiones. Aunque se deja fuera de la misma a las mínimas y las no contributivas, supone exigir sacrificios a un sector muy vulnerable, cuando el ahorro producido no es muy grande y, por el contrario, es enorme el malestar que va a producir. Además, las medidas anunciadas me parecen unilaterales, incluso en el estricto ámbito de la reducción del déficit público. En efecto, recortar el déficit no sólo es reducir el gasto; también se pueden tomar medidas destinadas a incrementar los ingresos públicos. Se echa en falta medidas destinadas a elevar algunos impuestos, además de los tipos del IVA que se empieza a aplicar en julio. En concreto, defiendo un aumento de impuestos directos para las rentas más altas y, especialmente, para los enormes beneficios bancarios y para las rentas de capital. Con esa subida de impuestos a los que más tienen, y al margen de la capacidad recaudatoria que tenga, se emite una señal de que el sacrificio para salir de la crisis no sólo se exige a una parte de la sociedad. También hay que destacar que con las medidas propuestas, si bien se puede disminuir el déficit, se retrasa la recuperación económica, el crecimiento y la generación de empleo, especialmente con la caída de la inversión por parte de las administraciones públicas y por la reducción de la demanda y el consumo. Reformas laboral y crediticia Por ello, las medidas contra el déficit deben complementarse con otras destinadas a acelerar la reforma laboral, así como las del sistema crediticio español y del sistema financiero internacional. Respecto a la reforma laboral sería deseable que surgiera fruto del dialogo social entre sindicatos y organizaciones empresariales. Se trata de eliminar el mito de que no se crea empleo por rigidez de la normativa de contratación existente. La verdad es que no se genera empleo porque no hay demanda ni crédito. No obstante es necesario generar formas de contratación adaptables a las demandas de empleo que existan y que mantengan cierta seguridad laboral, sobre todo para la contratación a tiempo parcial. Pero lo más importante es que del diálogo social salgan medidas incentivadoras de la contratación para determinados colectivos de parados (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años…). O compromisos, como el ‘contrato alemán’, para empresas con problemas. Respecto al sistema crediticio, es necesario que el Gobierno central actúe para promover que las entidades financieras, a las que tanto se les ha ayudado por parte del Estado, faciliten crédito a las empresas, para que puedan seguir funcionando, y a las familias, para activar el consumo. Es hora de que los bancos españoles, que han obtenido unos beneficios de 12.000 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2010, reviertan a la sociedad ese gesto. También es importante que el Gobierno español encabece, en el marco de la UE, la propuesta de medidas para regular el sistema financiero internacional que eviten movimientos especulativos que generan pérdida de riqueza de países enteros. Retomando la agenda de la primera reunión del G-20 en Londres (abril de 2009) para impulsar sistemas reguladores nacionales fuertes del sector financiero, especialmente en el mundo anglosajón, ampliar la regulación a fondos de inversión y agencias de calificación de riesgo (rating), controlar los paraísos fiscales y caminar hacia la creación de organismos internacionales de supervisión y regulación del sector financiero mundial. Destacar, por último, que nuestra comunidad es la que más padece la crisis, encabezando todos los indicadores de desempleo: cerca de un 28% en la tasa de paro, el 46,9% de parados de larga duración y el 16,9% del número de hogares con todos sus miembros activos en situación de desempleo. Por ello, creo que la anunciada reducción de la inversión pública en 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 no debe afectar a Canarias, para evitar un recrudecimiento de su crisis social y económica.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.