Defensa del funcionariado

Luis Pérez Aguado, profesor e historiador en el Archipiélago canario, ha colgado en Maspalomas Ahora, un artículo muy interesante sobre la visión genérica que la sociedad tiene respecto a los funcionarios, máxime en estos tiempos de crisis, donde el paro en el sector privado, al menos en las Islas, ya llega a cotas cercanas al 30% y en el Estado, cocina incluida, alcanzamos la media del 20%, todo un récord negativo en esta España de ZP, donde no da una a derechas (ni a izquierdas) ni al revés. Pero bueno, no es el jefe del Ejecutivo español el motivo de mi perorata diaria, sino la temática propuesta por este erudito a la hora de hablar de la clase funcionarial y, no me cabe la menor duda, tiene más razón que un santo a la hora de defender a este colectivo, al que se le echa las culpas de una situación que, en realidad, han generado otros, los malos políticos. Y es que, siguiendo el razonamiento de Pérez Aguado, es verdad que somos muchos los que, intuitivamente, tendemos a pensar que la culpa de que la crisis no se resuelva se debe a que la Administración está saturada en materia de personal, que es un ejército de millones de funcionarios que lo cobra muy bien y que no tiene que pegar excesivo golpe. Pero la realidad, mis queridos amigos, no es tan sencilla como pudiera creerse. Es más, ese argumento que todos esgrimimos a la hora de quejarnos del overbooking de personal en los ayuntamientos, autonomías y a nivel estatal es el que han sabido colocar determinados políticos para que el resto no pensamos en los abultadísimos sueldos que se embolsan a fin de mes o los supuestos pelotazos que pegan, aunque luego a más de uno el castillo de tierra se le volatiliza con más rapidez que la arena de Las Teresitas (a buen entendedor…). Lo cierto es que se me ocurren muchos ejemplos de la mala gestión del dinero público que nada tiene que ver con, eso sí que puedo reconocerlo, la inflada cifra de empleados públicos que hay en la Administración. Casos como la Montaña de Tebeto o Tindaya que a los ciudadanos que vivimos en Canarias nos va a costar un pico y parte del otro, las corruptelas de una aún más corrompida clase política en Lanzarote, los famosos fondos desaparecidos del ya extinto ICFEM, el caso Aeromédica o las presuntas irregularidades que se están investigando en La Gomera suponen un pastizal mayor que pagar a toda la tropa de funcionarios del Archipiélago, aunque claro, como relata el profesor Pérez Aguado, lo fácil es estigmatizar al empleado público, a hacerle responsable de una situación de la que, salvo excepciones, no tiene ni arte ni parte. Además, hay que reconocer que quienes trabajan en cualquier corporación, por regla general, han tenido que afrontar un duro proceso selectivo, con meses y, en muchos casos, años de estudio para poder obtener una plaza. Sí, resulta casi pornográfico tal y como se dan las cosas hoy en día que alguien pueda presumir de tener un salario asegurado, pero también es verdad que los puestos no se regalan así como así y que, en todo caso, debía ser el político de turno el que decidiese racionalizar el capítulo I de gastos, el dedicado a personal. Pero no, eso no lo hacen porque, de otra manera, no podrían ocultar frente a la sociedad los megasueldos que cobran, algunos totalmente prohibitivos. Es más, el simple hecho de acudir a plenos y comisiones del Parlamento de Canarias, aun renunciando a percibir su nómina mensual, supone mucho más que cualquiera de los sueldos de muchos funcionarios. Por eso, aún asumiendo que hace falta adelgazar parte del cuerpo funcionarial (o al menos empezar a redistribuirlo adecuadamente), tampoco podemos estigmatizar a un trabajador que está plenamente cualificado, que ha pasado por un proceso selectivo muy exigente y que aquí, como ratifica el propio Pérez Aguado, hubo años donde nadie quería coger los libros para estudiar porque era más sencillo meterse bajo las ubres del turismo o, generalizando, del sector servicios y sacar sólo en propinas un auténtico dineral. Ahora, con la crisis, el puesto de empleado público es envidiado e incluso criticado por sus prebendas, pero las únicas ventajas son las de cobrar una cantidad segura a fin de mes a cambio de un trabajo y que éste, en teoría, dura de por vida. Sin embargo se desconoce que si el funcionario deja de trabajar, puede acabar separado del servicio o, dicho en plata, en la p…calle y sin derecho a volver a trabajar en el ámbito público.