Un Gobierno sin luces

El Gobierno canario afronta el último tramo de esta legislatura con una total carencia de liderazgo e iniciativas frente a la profunda crisis económica y el brutal desempleo que padecen las Islas, así como con una mala gestión de lo público que ha alcanzado niveles intolerables en la chapucera y socialmente injusta (no) aplicación de la Ley de la Dependencia. Los problemas energéticos del Archipiélago no están siendo ajenos a esa política plagada de desaciertos que intenta tapar todo con la propaganda, la culpabilización de otros y las amenazas. Todo menos asumir responsabilidades y buscar soluciones a los problemas, actuaciones que no forman parte del guión gubernamental. Tras los recientes ‘ceros eléctricos’ sufridos por la isla de Tenerife en apenas dos semanas, el Ejecutivo reaccionó a su peculiar modo y manera. Por un lado, responsabilizando a ayuntamientos y ecologistas de las carencias del sistema eléctrico de la isla. Por otro, amenazando a Unelco-Endesa-Enel con su expulsión de las Islas, por más que este ultimatum fuera un ejercicio de pura demagogia sin la menor posibilidad de expresión práctica: ni el Gobierno concedió permiso a Endesa para su instalación en el Archipiélago ni puede expulsarle sin más. Responsabilidad política Aunque el responsable directo de los apagones es la empresa Unelco-Endesa, que realiza el servicio en régimen de monopolio de facto, la responsabilidad política recae en la administración autonómica. Sin embargo, en ningún lado del discurso de Rivero y Soria se aprecia la asunción de responsabilidades del propio Ejecutivo canario, por más que le corresponda las competencias de la planificación, de velar por el buen funcionamiento del sistema eléctrico y de ejecutar las tareas de inspección de este, así como de las sanciones. En medio de este debate, el Gobierno, lejos de asumir sus responsabilidades, recurre a maniobras de distracción, como las recientes declaraciones de responsables del Ejecutivo asegurando que el Ejecutivo central ha remitido un escrito en el que advierte que el Archipiélago tendrá que hacer frente a los 190 millones de euros anuales de sobrecoste que supone la generación de energía en las Islas por no disponer del gas como alternativa al petróleo. De ser cierta esta comunicación del Gobierno del Estado, cabe preguntarse dónde está el Ejecutivo de ATI-CC y PP para denunciar lo que sería un chantaje y una presión intolerable a Canarias que sí merecen, si no una rebelión, una contestación enérgica y contundente por parte de la administración autonómica. El Gobierno canario debe saber que el artículo 11 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) establece un sistema de compensaciones al Archipiélago por su condición de lejanía e insularidad para mantener “precios de la energía equivalentes a los del resto del territorio español”. Por tanto, es incierto que los sobrecostes tengan que ser pagados por el Gobierno canario y, en última instancia, por los ciudadanos, dado que el sistema energético debe tener el mismo coste para un residente en Málaga, en Asturias, en Las Palmas de Gran Canaria o en Arrecife. En este sentido, el Real Decreto 6/2009 hace especial referencia al sobrecoste de los sistemas eléctricos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Y, por primera vez, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 está contemplado el 17% de ese sobrecoste, 256,4 millones de euros de un total de 1.508, por lo que a Canarias le corresponden unos 900. A partir del año 2013 figurarán en los PGE el cien por cien de estos sobrecostes. He señalado en distintas ocasiones los graves problemas de nuestro sistema de producción de energía, caracterizado por su dependencia del exterior, su ineficiencia, el peso casi exclusivo de los combustibles fósiles, enormemente contaminantes, y el que se trata, también, de un monopolio de facto. Por ello, el empeño del Gobierno de ATI-CC y el PP en defender la implantación del gas como una panacea es absolutamente exagerado; una implantación que, en todo caso, debería hacerse con consenso y garantizando la seguridad y el respeto a la legislación. Seguiríamos siendo igual de dependientes, insistiríamos en la línea de la producción eléctrica mediante el uso de los combustibles fósiles y continuaríamos causando una elevada contaminación. Cambio de modelo Canarias tiene condiciones para abordar un cambio de modelo, basado en el ahorro y la eficiencia energética. Y por la apuesta clara por las renovables, la solar y la eólica, para la que tan buenas condiciones presentamos; a lo que se suman interesantes propuestas como la planteada por el Cabildo de Gran Canaria de crear una central hidroeléctrica en las presas de Chira y Soria. No es en modo alguno aceptable que Navarra alcance el 70% de producción de origen eólica, que en España las renovables lleguen ya a una media del 20%, mientras que el porcentaje de las mismas en Canarias no supera el 4,5%. La extensión de las renovables supondría menos dependencia y una disminución radical de la contaminación. Y, asimismo, un ahorro importante a las arcas públicas. En efecto, el reciente informe de la Agrupación Empresarial Innovadora de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos –financiado por el Gobierno canario y que presentaron sus responsables del área recientemente-, del que forman parte las patronales canarias del metal Femepa y Femete, ha asegurado que el sobrecoste global del sistema eléctrico canario con respecto al peninsular, estimado en unos 900 millones de euros anuales, podría reducirse a la mitad si utilizáramos energía de orgen eólico. A la consecución de ese objetivo, el incremento del peso de las energías renovables en nuestra producción eléctrica, debiera volcar sus esfuerzos el Gobierno de Canarias. Superando su incapacidad para desarrollar lo recogido en el Plan Energético de Canarias (PECAN) y, también, las consecuencias de los fracasados concursos eólicos. Asumiendo un liderazgo que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.